El diputado provincial, Leandro Busatto, justificó esta mañana la denuncia penal presentada contra el gobernador Miguel Lifschitz, luego de que los pliegos de Sergio Beccari y Lisandro Villar quedaran aprobados de manera ficta para ocupar las vacantes en el Tribunal de Cuentas.

“Consideramos que la instancia política está cerrada cuando la segunda asamblea fracasó, y habíamos advertido que nos quedaba la vía judicial para evitar que se cometiera esta ilegalidad manifiesta” sostuvo el legislador en diálogo con “Primera Mañana”.

Busatto remarcó que la Facultad de Derecho, el Colegio de Graduados en Ciencias Económica y el Colegio de Abogados habían indicado que las designaciones violan el artículo 195 de la ley 12510 que establece incompatibilidad manifiesta para que Beccari asuma en el Tribunal de Cuenta (por haber sido funcionario) y el artículo 193 de la misma ley que establece una prohibición por falta de idoneidad en caso del Dr. Villar

“Hemos presentado un escrito en la justicia para que el fiscal Daniel Filippi investigue si esto constituye un delito, que está establecido en el artículo 253 del Código Penal y que involucra al gobernador, por ser la persona que propuso a los dos funcionarios públicos sin requisitos legales ni idoneidad para el cargo, y por otro lado a los vocales por haber aceptado la designación que es ilegal” indicó el diputado.

Consultado sobre los argumentos que esgrimió Beccari para que no sea declarada nula su designación, Busatto recordó que “ambos pliegos tenían dictamen negativo, y quedaron aprobados de manera ficta”. Y agregó que “es poco creíble que Beccari no tenga ingerencia en los movimientos económicos de la provincia de Santa Fe”.

“No tenemos problemas en que Beccari sea miembro del Tribunal de Cuentas, pero debería esperar como mínimo 2 años después de ser funcionario público para ocupar este cargo. En el caso de Villar se apunta a la falta de idoneidad. Es un abogado que quizás sea muy bueno, pero no condice con los requisitos de idoneidad que requiere el cargo” concluyó el legislador. 

Artículo 253

Según el Código Penal, el artículo que menciona Busatto forma parte del Capítulo IV, en referencia al “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. El mismo señala que “será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.