El polémico decreto que daba impunidad penal a militares y policías en Bolivia ha sido derogado este jueves, tras considerar el Gobierno interino que se ha logrado "la ansiada pacificación".

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, han anunciado la derogación del decreto, muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, donde la violencia desde los comicios del 20 de octubre ha causado 34 muertos, muchos por disparos en operativos militares y policiales.

 "Hemos logrado la ansiada pacificación", ha proclamado Áñez en una breve comparecencia en el palacio de Gobierno en La Paz. La mandataria interina ha argumentado que el decreto supremo que emitió el pasado 14 de noviembre, dos días después de asumir el poder, era "un recurso constitucional" al que se vio abocada ante "acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia" en Bolivia, según ha dicho.

 Jeanine Áñez se ha refirido expresamente a lo que ha calificado como "días de terror" en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde aseguró que estuvo en peligro la vida de más de 250.000 personas en lo que pudo ser "una tragedia de dimensiones devastadoras" en una refinería.

Al menos diez civiles murieron por disparos tras un operativo militar y policial el pasado 19 de noviembre en esta ciudad de cerca de un millón de habitantes cuando grupos de manifestantes contrarios al Gobierno de Áñez se concentraban ante la refinería.

El Ejecutivo interino niega que las fuerzas del orden dispararan, mientras que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una delegación a Bolivia, denunciaron un uso excesivo de la fuerza en este y otros operativos.

Otros nueve civiles murieron por disparos en la ciudad boliviana de Sacaba el pasado 15 de noviembre en una intervención de fuerzas del orden. La violencia comenzó el día después de las elecciones del 20 de octubre

Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo de Bolivia que presentó un recurso de inconstitucionalidad, y otras entidades desde el exterior y en el país criticaron duramente el decreto supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares y policías si actuaban con "proporcionalidad" y "en legítima defensa".

"Nos toca llegar al momento histórico de la reconciliación", concluyó la presidenta interina en un breve discurso de unos cuatro minutos. Según datos de la Defensoría, las víctimas mortales son 34 y los heridos 832 por actos de violencia desde los comicios del 20 de octubre, ahora anulados. (REUTERS)