Eclipsado por la grave crisis sanitaria, política y económica, en los 70 días transcurridos desde que la covid-19 llegó al país el mandatario ha acelerado políticas que son claros guiños a sus principales bases electorales: Iglesias evangélicas, ruralistas, madereros, minería, deforestadores y defensores de las armas. Todo ello en detrimento de los derechos indígenas y ambientales, la educación y la reducción de la violencia.

El empeño del presidente por minimizar la crisis del coronavirus persiste mientras se acelera el incremento de fallecidos y contagios, y su popularidad se resiente.

Esta será una semana intensa para el mandatario porque los tres ministros más cercanos a él van a ser interrogados dentro de la investigación del Supremo sobre la injerencia en la Policía Federal que denunció el exministro de Justicia Sergio Moro al dimitir.

El área ambiental es una de las que más ha sufrido durante la pandemia. Bolsonaro tiene previsto desplegar al Ejército en la Amazonia dentro de la operación para combatir los incendios y la deforestación en un intento de prevenir que se repita dentro de unos meses la crisis política y ambiental del año pasado.

La deforestación sigue aumentando veloz. Las alertas se incrementaron un 64% en abril, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Aunque el despliegue de los soldados podría ser un estímulo para los defensores del medio ambiente, el decreto presidencial que lo autoriza deja un vacío para que los equipos de Ibama (el Instituto de Medio Ambiente) se sometan a las decisiones de las Fuerzas Armadas, que estarán de facto a cargo de las operaciones.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha dado claras señales de que no permitirá a los inspectores que persigan a los que practican la minería ilegal en tierras indígenas.

En abril destituyó a dos altos cargos del Ibama, encargado de la fiscalización ambiental, después de que aparecieran en un reportaje televisivo sobre la lucha contra los garimpeiros, incluida la destrucción de sus equipos, que es una actividad legal, pero que Bolsonaro critica.

Este presentó en febrero un proyecto de ley que autoriza la extracción de oro en tierras indígenas, visto como una tragedia por los ambientalistas y que aún no ha sido debatido en el Congreso.

El ministro Salles también saludó a los madereros al pedir a las agencias de control medioambiental que ignoren una ley para reforestar las áreas ilegalmente deforestadas. La Fiscalía reclamó al Ibama que hiciera caso omiso de la directriz del ministro.

El presidente Bolsonaro nunca ha ocultado su deseo de armar a la población para garantizar el “derecho a la legítima defensa”, a pesar de que el 100% de los estudios serios realizados sobre el tema apuntan al hecho de que tener un revólver en casa es un factor de riesgo para residentes, principalmente para mujeres, y especialmente en este período de cuarentena. (Gil Alessi, El País)