El presidente Alberto Fernández estudia la conveniencia política de expropiar a la empresa Vicentin, en concurso de acreedores por su crisis financiera y económica. 

La iniciativa fue redactada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y empujada por Cristina Fernández, La Cámpora, y movimientos sociales cercanos a Juan Grabois.

Según publicó Infobae, el jefe de Estado hizo una evaluación sobre costos y beneficios políticos de la cruzada expropiadora, y anoche no se descartaba en Olivos que sólo se mantenga por 60 días la intervención, a cargo de Gabriel Delgado.

Fernández sorprendió con el sesgo expropiador del DNU y el proyecto redactado por La Cámpora, que desde hace semanas insiste con ocupar la conducción de Vicentin bajo la supuesta soberanía alimentaria.

Hasta ahora, había defendido una versión humanitaria del capitalismo y descartado la apropiación de las empresas que recibieron ayuda pública. 

Siempre fue crítico de la compra oficial de YPF y de la opaca ayuda crediticia a Sancor, dos proyectos que tuvieron la impronta de Cristina. 

El costo político de una medida de esta envergadura: el rechazo explícito de Roberto Lavagna; manifestaciones espontáneas en Santa Fe contra la decisión de expropiar Vicentin; cacerolazos; cuestionamientos de las principales cámaras empresarias; caída estrepitosa de las acciones argentinas en los mercados globales; la denuncia por abuso de poder presentada por representantes de la oposición; la crisis política del gobernador santafesino, Omar Perotti; la crítica de entidades agropecuarias y la argumentación jurídica para sostener la decisión política de expropiar.

Fernández evalúa un plan alternativo que frena la expropiación, mantiene la intervención por 60 días y prevé un trabajo con el juez del concurso de acreedores y los accionistas de la empresa que mantuvieron la actividad comercial a pesar del COVID-19 y su impacto en el sistema productivo.