El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, se refirió esta mañana en diálogo con LT9 a la audiencia realizada ayer –de manera virtual- por la situación de la empresa Vicentín, en el marco del concurso de acreedores que se lleva adelante en el juzgado del doctor Fabian Lorenzini.

Por “Primera Mañana”, Somaglia indicó que fue la última etapa del pedido que había hecho la provincia de Santa Fe y señaló que “las pruebas producidas no hace más que avalar y sostener el pedido que hizo la provincia, que los directores de Vicentin deben ser aparatados de sus puestos y sus roles, porque la situación empresaria es grave”.

“Hoy es una situación inviable y la empresa pierde confianza. Los directores que en parte han tenidos negligencia en la conducción de su negocio, deberían  dar un paso al costado. Ahora el magistrado debería resolver”, sostuvo el funcionario.

Somaglia explicó que “no se puede rescatar una empresa si no tengo la anuencia de la propia empresa. Hicimos los esfuerzos pero nos dijeron que no. Fue imposible llegar a un salvataje con el fideicomiso. Vicentin se negó y ahora pedimos la remoción de los directores. La ley habilita este pedido porque están afectados  intereses públicos en torno a la empresa. Por eso pedimos que el nuevo interventor normalice la empresa y analice sus salidas, pero no con la intervención del Estado en la empresa”.

“El Estado se corrió de la alternativa del salvataje de Vicentin, pedimos al juez que desplace al directorio y designe un interventor”, reiteró el secretario de Justicia.

Sobre la postura del juez Lorenzini en todo el proceso, Somaglia admitió que al principio el magistrado “tuvo una  postura rígida, como si fuese cualquier empresa”. Pero que luego se observó que “con todos los señalamientos que hicieron la Provincia y la Nación y que la situación empresaria era más grave que la que presumía en un inicio y la que los empresarios le contaron”. En este sentido, el funcionario precisó que “el magistrado tomó recaudos mayores, para verificar la real situación interna de la empresa y el sostenimiento económico de ella. El juez  giró su postura y tomó medidas de más celos de control de los actos empresarios. La intervención de la IGPJ que hizo en marzo tiene solvencia para ser admitida”.