Dos abogadas admitieron que cometieron reiteradas estafas procesales en Rafaela y deberán pagar 4.900.000 pesos en concepto de multas, indemnizaciones, donaciones y gastos. Así fue resuelto por la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

La jueza también condenó a una de ellas a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso una inhabilitación especial por 10 años para ejercer la abogacía. La otra abogada fue condenada a un año de prisión en suspenso y a tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

La investigación de los ilícitos estuvo a cargo de la fiscal del MPA, Gabriela Lema. La funcionaria judicial precisó que “se realizaron diversas diligencias que permitieron aportar gran evidencia de lo ocurrido” y agregó que “en ese marco, las condenadas admitieron haber cometido los ilícitos”.

En cuanto a la modalidad delictiva, la fiscal explicó que “entre 2016 y 2019, las dos abogadas iniciaron juicios ejecutivos en los que denunciaban como domicilio de sus demandados el domicilio de una de ellas y otros que no correspondían”. En tal sentido, indicó que “las condenadas lograron que, en reiteradas oportunidades, los procesos judiciales continuaran luego de haber sido declarada rebelde la parte demandada, a la que se había notificado en el domicilio de una de las condenadas”.

“De esta manera, los jueces emitieron resoluciones judiciales en las que disponían embargos de sueldos, inhibiciones y/o sentencias ejecutivas de sumas de dinero que perjudicaban a los demandados”, señaló la fiscal. “Es decir, a través del engaño a la administración de Justicia, ocasionaron perjuicios económicos injustificados a las personas demandadas”, sostuvo.

“Las otras conductas delictivas cometidas fueron en perjuicio de personas humanas; de la Administración Provincial de Impuestos; de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores; de la Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial y del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción”, remarcó la fiscal.

Lema también puntualizó que “en todos los casos realizó maniobras con las que adulteró boletas de iniciación de juicios; pagarés; formularios de la API y un presupuesto, siempre en el marco de procesos judiciales que ella misma iniciaba”.