Un allanamiento inédito a Palacio de Gobierno y otro a la casa familiar Pedro Castillo en Cajamarca, así como un nuevo intento en el Congreso para sacarlo del cargo por "traición a la patria" en las últimas horas complicaron aún más la situación del presidente peruano, a quien la oposición busca desalojar del cargo.
La situación de Castillo pareció agravarse ayer por la tarde, cuando el abogado Benji Espinoza hizo pública su decisión de renunciar a la defensa del mandatario y su esposa, sin revelar el motivo, y su cuñada Yenifer Paredes -objeto de los allanamientos- se entregó a la Fiscalía.

"Palacio y la casa presidencial han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno", dijo en la noche del martes Castillo en un mensaje al país, tras la operación en que se pretendía capturar a su cuñada Yénifer Paredes.
El presidente calificó la operación como "show mediático", fruto de "una confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa" para "desestabilizar el orden democrático", y la emparejó con otras acciones en su contra, como la pretensión de algunos congresistas de suspenderlo del cargo por supuestamente haber planteado una entrega de salida al mar para Bolivia.

Allanamientos para dar con el paradero de Yénifer Paredes

La Policía de Perú extendió ayer la búsqueda de la cuñada del presidente a la casa familiar del mandatario, en la provincia andina de Chota, pero no la encontró.
En la noche del martes, en una acción sin antecedentes en la historia de Perú, un equipo de la Fiscalía irrumpió en Palacio para buscar a Paredes, a quien se acusa de integrar una "organización criminal" para enriquecerse mediante la adjudicación de obras.
La administradora de 26 años, que reconoce a Castillo y a su hermana y primera dama, Lilia Paredes, como "padres putativos", no fue encontrada y se ignora su paradero.
Paredes pasó a la clandestinidad después de que se le dictó prisión preliminar. Sus presuntos cómplices, el alcalde del distrito cajamarquino de Anguía, Nenil Medina, y los ingenieros Hugo y Angie Espino, fueron detenidos el martes y permanecerán presos por al menos 10 días.
Finalmente, Paredes se entregó esta tarde a la Fiscalía, según anunció su abogado, José Dionisio, quien evitó precisar dónde había estado hasta entonces su detenida.

En el mensaje de reacción, Castillo instó a "las fuerzas democráticas" a resistir lo que según él son intentos para desalojar del poder a un gobernante que no es del agrado de las élites. "(Los adversarios) podrán tener medios (de prensa) y dinero, pero no tienen al pueblo", aseguró.
El abogado del presidente, Benji Espinoza, calificó al allanamiento del martes de "insólito" e "ilegal" y aseguró que en el documento de 30 hojas que le fue entregado como respaldo judicial "no había ni una sílaba" que lo justificara.

Los embates contra Castillo

Castillo, quien desde que asumió el Gobierno hace un año ha enfrentado acciones de la oposición para desalojarlo de la presidencia, vivió el allanamiento, que incluyó requisas en la parte de Palacio en que están sus aposentos, poco después de que en el Congreso se oficializara la entrega de un informe que plantea suspenderlo por cinco años de funciones públicas por el caso de Bolivia.
El informe, firmado por un congresista de centroderecha, Wilson Soto, y dos de derecha radical, Norma Yarrow y José Cueto, se refiere a una entrevista concedida en enero a CNN, en la que Castillo, en lugar de rechazar de forma tajante cualquier posibilidad de darle territorio al país vecino, abrió, según sus detractores, una ventana en esa vía.

"Nos pondremos de acuerdo. Lo consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar en sintonía con el pueblo. ¿Y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiere", dijo el mandatario en esa ocasión.
El tema estaba prácticamente olvidado, pero fue resucitado por Soto, Yarrow y Cueto para pedir la suspensión, que se obtendría con los votos de la mitad más de uno de los 130 congresistas, es decir, 66.
Para la abogada y periodista Rosa María Palacios, crítica del Gobierno, esa cifra se puede conseguir, pero no hay sustento jurídico porque no hay dolo. En eso coincide Espinoza, para quien el informe "tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio". (AFP/ Telam)