El ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, brindó detalles de la homologación del acuerdo alcanzado entre Provincia y Nación, que dispuso el martes último la Corte Suprema de Justicia, para que se salde la deuda histórica por coparticipación, que con montos actualizados supera los 150.000 millones de pesos. 

"Fue un proceso largo y complejo de recupero de la acreencia que mantiene el Gobierno de la Nación hace mucho tiempo. La Corte, luego de haber analizado formalmente el acuerdo, ratifica el contenido del mismo puesto que responde estrictamente a lo que en su momento había decidido el alto tribunal. De esta manera, ratifica la legitimidad de lo que Nación y Provincia han suscripto oportunamente", expresó Agosto en diálogo con Osvaldo Medina y Mariano Bravi en Primera Mañana.

En ese sentido, destacó que "es importante la homologación porque empiezan a correr los 30 días establecidos también en ese convenio para que el Gobierno nacional entregue los títulos públicos que están consignados en el acuerdo".

Sobre la forma en que se van a ejecutar los desembolsos, Agosto recordó que también está determinada en el convenio: "Implica que el Gobierno nacional tiene que entregar a la Provincia distintos instrumentos, que tienen distintos vencimientos. Son instrumentos de deuda en pesos que ajustan por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)*". 

"La idea de que el ajuste de capitales estuviera presente implica también tener una cobertura en línea con lo que ocurre con la inflación, para mantener el poder adquisitivo de esta acreencia. Y este cronograma de pago establece que para este año la provincia de Santa Fe tenga que percibir unos 25.000 millones de pesos, sin ese ajuste al CER, que se debería adicionar. Y el año próximo un monto similar. Los títulos generan intereses y amortización de capital, que para este año y el 2023 darían aproximadamente esos 50.000 millones de pesos que la provincia estaría percibiendo", aseveró el titular de la cantera económica. 

Y agregó: "Simultáneamente, en la medida que la Provincia vaya percibiendo esos recursos se van a ir coparticipando con los municipios y comunas. Es un proceso operativo importante, el Gobierno analiza la distribución de los títulos públicos que corresponden a los municipios y comunas. Es probable que muchos gobiernos locales pretendan tener esos títulos públicos. Los que prefieran no tenerlos, veremos alternativas para que puedan quedar en custodia en el agente financiero de la provincia". 

"Mientras tanto, en cualquiera de los casos, estos títulos van generando esos flujos de recursos concretos que se van coparticipando a medida que entran en la provincia. Son acreencias derivadas de impuestos coparticipables. En ese caso, a los municipios y comunas les corresponde un poquito más del 13% de acuerdo a nuestra ley", concluyó. 

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Historia de una deuda histórica

En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables que, luego de sucesivas presentaciones ante la Corte, se terminó declarando inconstitucional en 2015.

Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente, informó la agencia nacional de noticias Télam.

La Corte intentó que las partes acordaran la actualización y los plazos, pero, al haber transcurrido seis años de la sentencia definitiva en el conflicto, decidió que se aplique a la deuda nominal la tasa activa del Banco Central.

En el fallo de ocho páginas, el máximo tribunal explicó su decisión “en el entendimiento de que tal porcentaje permite mantener un equilibrio entre posturas sustentadas en el interés general” y aclaró que no recurre a cálculos más onerosos para no complicar las cuentas públicas.

En rigor, el Estado Nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también se retenía de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos.

*Índice que se ajusta según el IPC (inflación), depósitos y deudas pesificadas con el sistema financiero.