Las autoridades investigan por estas horas el caso de estafa que sufrieron familiares de presos que están alojados en la Comisaría Novena de Policía. 

Según relató una de las víctimas en el móvil de LT9, un sujeto dijo que era el secretario de la Fiscalía y le solicitó 300.000 pesos para que su hijo abandone la sede policial. 

"Me dijo que debía tener esa suma y mi hijo salía a las 6 de la tarde. A las 14:30 iba a pasar un asistente por mi domicilio para buscar el dinero y a las 18 mi hijo estaría en mi casa. Le dije que no tenía esa plata", sostuvo la madre de uno de los internos en diálogo con Omar Vega en el móvil de LT9. 

Y agregó: "Me pidió $100.000. Pedí prestado entre la familia, llegamos a $50.000, le deposité eso y cuando fui al Banco Santa Fe a sacar un préstamo un empleado me alertó. Me dijo que nadie pide plata por teléfono". 

Gracias a ese consejo, la mujer evitó que los estafadores se quedaran con la nueva suma de dinero, aunque señaló que no fue la última que cayó en este formato de "cuento del tío". 

En tanto, desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que tomó intervención el fiscal Ezequiel Hernández, que ordenó las primeras diligencias contra dos funcionarias policiales que estarían involucradas en el ilícito. 

"En función de lo relevado hasta el momento, las dos mujeres identificadas le pidieron a personas detenidas en la Seccional Novena de la ciudad de Santa Fe que les brinden información de familiares y allegados", indicaron desde el MPA. 

En el mismo sentido, detallaron que "luego, a través de llamados telefónicos, personas aún no identificadas se contactaron con los familiares, se hicieron pasar por un juez y les dijeron que existía la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria. No obstante, para que se concrete esa morigeración de la prisión, debían hacer transferencias de dinero para abonar una tobillera electrónica". 

Entre otras medidas, el fiscal Hernández ordenó que se congelen dos cuentas creadas a través de una aplicación en la que se recibieron las transferencias de dinero de los familiares de las personas detenidas. También dispuso que se secuestren teléfonos celulares y solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) los informes correspondientes para analizar llamadas entrantes, salientes e impactos de antena.

El móvil