El territorio argentino posee 539 áreas protegidas registradas que integran el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP). Estas áreas incluyen también espacios costero-marinos y cubren una superficie de 44.203.352 hectáreas lo que representa el 15,90 % del territorio nacional continental. 

Las 539 áreas protegidas del SiFAP contienen 65 áreas protegidas de jurisdicción nacional bajo la Administración de parque Nacionales, mientras que, 474 son áreas protegidas provinciales reconocidas por las provincias ante el SiFAP bajo alguna categoría de gestión provincial, municipal, universitaria, privada o de gestión mixta, con respaldo normativo legal provincial o municipal. 

Hasta el momento, estos espacios se encuentran bajo la conservación, protección y cogestión de la Administración de Parques Nacionales (APN). Sin embargo, como sucede en muchas áreas del Estado nacional, no hay ninguna autoridad nombrada para su funcionamiento. 

Asimismo, los Decretos de Necesidad y Urgencia 70/23, 84/23 y el proyecto de Ley Ómnibus impactan de manera directa el funcionamiento y continuidad de este organismo.

El DNU 70/23 dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales y el proyecto de Ley Ómnibus pretende modificar las leyes de Bosques nativos, lo que provocaría la desfinanciación y habilitaría el desmonte; la de Manejo del Fuego, que abre la puerta a la quema intencional y no controlada de campos y espacios protegidos y la de Glaciares que permitiría la actividad minera en estas zonas. 

Este paquete de desregulación y desfinanciación, pone en crisis la existencia misma de una autoridad regulatoria de Parques Nacionales, y los trabajadores y trabajadoras se encuentran en alerta por los posibles despidos, por lo que pueda pasar con los territorios y por la inercia del gobierno sin un plan de acción y prevención ante la llegada del verano (temporada alta de incendios).

Los Parques Nacionales cuentan con 2300 trabajadores, divididos entre planta permanente y transitoria. Anualmente se actualiza o renueva el personal, el DNU 84/23 (publicado el lunes pasado), afecta de forma directa la continuidad laboral de 246 de esas personas que ingresaron durante 2023 y limita la vigencia de los demás contratos por 3 meses, sujetos a una revisión.

Según datos reportados por las provincias y por la Administración de Parques Nacionales (APN) al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), durante el 2022, se registraron 723.765 hectáreas afectadas por el fuego en todo el país, de las cuales 42 mil pertenecen a la provincia de Santa Fe.

La puerta al ecocidio

El Gobierno Nacional, decidió quitar el status ministerial al área de Ambiente, y bajarlo a subsecretaría. Las acciones contra el cambio climático son actualmente supervisadas por el Ministerio del Interior. La desjerarquización de esta cartera se presenta como un terreno fértil para la escalada de impunidad corporativa.

¿Qué puede pasar? Aumento de los delitos ambientales, que las empresas sobrepasen la institucionalidad local y provincial o la ausencia herramientas de remediación ante derrames o accidentes. 

Además, puede tener graves repercusiones sobre la capacidad de respuesta del Estado a eventos de clima extremo como inundaciones, o catástrofes ambientales como incendios de humedales o bosques.

La existencia misma de instituciones democráticas es un punto de partida en la institucionalidad y es necesaria para garantizar verdadera justicia social y ambiental a mediano y largo plazo.