Este sábado, Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico Militar,  fue asesinada en la ciudad de Córdoba.

En diciembre del año pasado, en un contexto de reivindicación del terrorismo de Estado mediado por el incremento de discusos de odio, Albareda hijo fue víctima de amenazas y amedrentamiento en su vivienda con la aparición de carteles con simbología nazi.

Frente al aberrante suceso, diferentes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Córdoba y de todo el país, expresaron su más profunda preocupación.

En exclusivo por Lt9, María José Loto, miembro de H.I.J.O.S Córdoba se refirió al lamentable hecho que conmocionó a la sociedad.

"Estamos preocupados y muy consternados, es un acto inimaginable dentro de la democracia, sobre todo porque este caso ha sido juzgado y tiene sentencia firme" indicó Loto, y sostuvo que -en su entender- se trata de "un crimen de odio, lamentablemente en nuestro país mueren muchísimas mujeres, pero acá tenemos la particularidad de las amenazas previas y eso le da un color de violencia política".

El avance de la violencia como herramienta política nos remonta a los momentos más oscuro de nuestra historia, y a más de 40 años de la vuelta a la democracia resulta impensado atravesar situaciones como esta, "se ha cruzado un límite" señaló Loto y planteó dos cuestiones fundamentales que se disparan luego de este aberrante hecho: "Primero no hay vueltas atrás y segundo nos deja a todos perplejos porque no sabemos qué se debe hacer". 

Seguidamente, la compañera compartió que desde la agrupación entienden que el asesinato de Susana está vinculado a "las fuerzas policiales y también tiene que ver con la actividad que estaba haciendo Fernando, quien da cursos sobre derechos humanos en la escuela de la Policía de la Provincia".

Loto sostuvo que "seguramente -estos cursos- han incomodado muchísimo, no solo a quien los recibían, sino a los que estaban en mando superiores" y aseguró que no es una fuerza "fácil". 

La militante remarcó la responsabilidad del poder ejecutivo en lo que refiere a la propagación de "discursos odiantes todo el tiempo hacia distintos grupos" y en la misma línea el accionar de parte del poder legislativo, donde algunos legisladores de LLA "están elaborando proyectos de ley para lograr un indulto".

"La verdad que es un contexto muy difícil, muy adverso, los hijos siempre incomodamos porque tenemos preguntas, porque exigimos más" subrayó. 

Consultada sobre cuál fue la reacción del gobierno de Córdoba, Loto comentó que "desde un primer momento se pusieron a disposición el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y la ministra de Capital Humano, Liliana Montero que es de quien nosotros -la Comisión Provincial de la Memoria- dependemos". Sin embargo, hasta el momento "la palabra del gobernador está ausente, aunque entiendo que están con mucha precaución, con mucha prudencia porque todavía el fiscal no ha hecho declaraciones públicas".

En este sentido, también hizo hincapié en la prudencia por parte de la agrupación, y dentro de este paragua de cautela, manifestó: "Exigimos la protección urgente y efectiva de Fernando y de toda su familia, y el establecimiento del crimen de su mamá, pero con mucha prudencia porque queremos que salga bien todo".

Finalmente, en lo que refiere a la investigación, la militante compartió que "hasta ahora la información que tenemos es que no ha faltado nada en su domicilio" por lo que la intención de robo se descarta. Contrariamente en el lugar del hecho encontraron una nueva amenaza dirigida a Fernando: "Ahora vamos por tus hijos". 

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