De aprobarse la reforma de la ley 26.122, el rechazo de una de las dos cámaras resultará suficiente para revocar un DNU y estos pasarán a tener un período de vigencia de hasta 90 días. Así, el Legislativo ya no tendrá que votar por el rechazo sino por la aprobación. En tanto el ejecutivo presiona a los gobernadores para que sus representantes parlamentarios no acompañen el proyecto: por lo pronto, logró el silencio del PRO y el acompañamiento del sector más libertario de la UCR, que tendrá otra vez voto dividido.

Se abren distintas paradojas con este proyecto. La más concreta es la advertencia de Javier Milei, que en caso de que se sancione la reforma utilizaría el veto presidencial precisamente contra una iniciativa que busca equilibrar la distribución de poderes. La otra tiene que ver con las posturas de bloques antagónicos para modificar una ley que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner y la negociación parlamentaria de Cristina Kirchner -en calidad de senadora- en el 2006: Unión por la Patria votará a favor de cambiar el régimen de DNU, mientras que La Libertad Avanza ratificará la redacción del kirchnerismo de hace dos décadas.

El Ejecutivo no sólo puja con las provincias por esta propuesta. En la sesión del martes también se buscará vetar otro decreto presidencial, ya que integra el temario el DNU 846/2024 que flexibiliza los requisitos para realizar canje de deuda que involucren los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo. El Congreso no quiere darle potestades extraordinarias a la gestión nacional en esta negociación, pero observa cómo se confirman las sospechas con respecto al Presupuesto 2025: el oficialismo ya no oculta su falta de interés en aprobarlo para poder ejecutar partidas discrecionalmente.