La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la propuesta realizada en 2014 por el entonces titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Gabriel Ganón, para que los reclusos de las unidades penitenciarias del territorio provincial puedan recibir una remuneración similar a un sueldo básico por los trabajos que realicen mientras dure su estadía en prisión.

"Se trabajó muchísimo para lograr este resultado, fueron cuatro años arduos para defender los intereses de la provincia", sostuvo al respecto el responsable de la Dirección General del Servicio Penitenciario provincial, Juan Manuel Martínez Saliba.

"Ganón presentó un habeas corpus que, entre otros puntos, planteaba la inconstitucionalidad de la ley 11.671. Si hubiera sucedido, era aplicable la ley de ejecución penal y correspondía el derecho laboral de los internos y pondrían exigir una remuneración por las tareas que desarrollan en la cárcel", explicó Martínez Saliba.

"Es un tema muy delicado que tuvo que transitar todas las instancias judiciales para llegar a la Corte", destacó el funcionario en diálogo con La Capital. "La provincia se opuso desde un primer momento al pago de sueldos a las personas privadas de la libertad, y esto fue atacado por el entonces defensor público quien sostenía que los internos tenían derechos a cobrar un sueldo", agregó.

El director general reconoció que en otras provincias sí se les paga a los reclusos e informó que el Servicio Penitenciario santafesino alberga a 5700 personas privadas de la libertad. "Nosotros argumentamos que se trata de una instancia de formación, de enseñanza de un oficio de una persona privada de la libertad, a los fines de su reinserción social", concluyó.