La Cámara de Diputados italiana convirtió este martes en ley la norma impulsada por el gobierno que facilita la expulsión de inmigrantes a través de la ampliación de los causales de repatrio y la eliminación de los permisos de residencia por motivos humanitarios. 

El resultado final de apoyos de la ley se conocía pasada la medianoche italiana, una vez que se voten todos los puntos de la norma, que el vicepremier Matteo Salvini defendió tras la votación como "una revolución para dar mayor seguridad a las ciudades italianas". 

La denominada "ley Salvini", en referencia al también ministro del Interior, consiguió el apoyo de los bloques de Liga Norte y Movimiento Cinco Estrellas, las dos fuerzas que componen el gobierno, pese a las críticas de todo el arco opositor, encabezado por el centroizquierdista Partido Democrático. 

Salvini, líder de la xenófoba Liga Norte, había priorizado el tratamiento legislativo de la ley desde el inicio del gobierno el 1 de junio bajo el argumento de una supuesta "emergencia migratoria" en el país. 

Entre otros puntos, la norma para "la inmigración y la seguridad", como se plantea en su introducción, propone duplicar los tiempos máximos en los que los inmigrantes pueden ser alojados en los centros de primera acogida antes de ser repatriados a sus países. 

Además, la ley establece la "ampliación de delitos que provocan la revocación del permiso de residencia", y que ahora abarcará la violencia sexual, la venta de droga, y la violencia a ociales públicos. 

Otro punto criticado por organismos internacionales dedicados a los refugiados y sectores cercanos a la Iglesia es la abolición de los permisos de residencia tradicionales por motivos humanitarios, que serán reemplazados por unos más especícos dedicados al "mérito civil", "cuidados médicos" o "si el país de origen vive una situación de calamidad natural". 

Hasta ahora, este tipo de permisos humanitarios aseguraba un permiso de residencia de dos años y derecho a un visado de trabajo para los inmigrantes que encontraran un empleo, además de acceso a centros de formación en lenguaje y otro tipo de actividades. 

De ahora en adelante, los inmigrantes que pierdan ese tipo de visado humanitario podrían quedar connados en los centros de primera acogida o sin protección de parte del Estado, según los críticos al proyecto. 

Por otro lado, la norma prevé también la revocación de la ciudadanía a los extranjeros considerados "una amenaza para la seguridad nacional", en un marco en el que Italia expulsó a más de 100 personas desde inicios de año (Telam)