La Procuraduría General de la Nación informó hoy que 48 ex funcionarios judiciales son investigados en la actualidad, tanto en la etapa de instrucción o en juicios, por complicidad con los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar.
El dato surge de un relevamiento difundido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que depende el Ministerio Público Fiscal, que consigna además que otras once personas estuvieron imputadas hasta su fallecimiento.
De tal modo, 59 personas que cumplieron funciones en la administración de Justicia, fueron imputadas de haber tenido responsabilidades con los crímenes que se cometieron durante los años de la dictadura.
El informe detalla que en Salta, La Rioja, Mendoza y Chaco son algunas de las provincias en las que "se desarrollan o recién terminaron debates orales y públicos con ese objeto".
"Más del 50% de ese universo eran jueces o juezas al momento de los hechos; el 20 por ciento tenían cargo de secretarios; el 19 por ciento eran fiscales y el 8% defensores oficiales.
Sólo trece obtuvieron sentencia (once condenas y dos absoluciones): ocho de las once personas condenadas se desempeñaban como magistradas "al momento de la comisión de los delitos", revela el estudio de la Procuración.
Uno de los procesos que se enumeran en este análisis es la investigación contra el ex juez federal Ricardo Lorna, en Salta, que llegó a la instancia de debate oral.
El ex magistrado es investigado por los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone.
De acuerdo a la imputación, su accionar garantizó la "impunidad" a los autores y partícipes del hecho, en el que resultó asesinado un hombre y herida una mujer testigos del ataque.
El proceso se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Salta N°2 de Salta, y el fiscal general Carlos Amad representa al Ministerio Público Fiscal.
Este viernes, por otra parte, terminó ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja el juicio por los delitos sufridos por 14 víctimas en aquella provincia.
Una de las condenas recayó sobre el ex juez federal Roberto Catalán, quien fue juzgado como partícipe secundario de un homicidio, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos, y finalmente condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento.
En tanto que en San Juan continúa el debate oral y público conocido como "Megacausa III", con 35 acusados, y allí, otro ex funcionario judicial está imputado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado.
Se trata de Juan Carlos Yanello, quien se desempeñara como fiscal federal y llegó a juicio acusado de ser responsable de homicidio agravado (13 casos), privación abusiva de la libertad (65), tormentos agravados (63), robo y violación (2) cuando ejercía el cargo. Interviene el fiscal general de Mendoza, Dante Vega.
En Chaco, el Tribunal Oral Federal de Resistencia sigue una investigación contra el ex fiscal federal Domingo José Mazzoni y un oficial penitenciario, en un proceso que se conoce como el juicio de los "Funcionarios".
Fuente: Agencia Télam
