Cinco personas comenzaron a ser a ser juzgadas este lunes por el homicidio de un joven panadero que en 2017 fue enterrado vivo en la localidad salteña de Salvador Mazza luego de permanecer diez días desaparecido, informaron hoy fuentes judiciales.

Uno de los cinco imputados admitió que conocía a la víctima pero dijo desconocer lo que le ocurrió, informaron fuentes judiciales.

El debate se inició a las 9, en el Salón de Grandes Juicios de la ciudad de Tartagal, unos 365 kilómetros al norte de Salta Capital.

Los imputados son Tomás Parada, Enzo González, Carlos Calvimonte, Ernesto Áleman y Ángela Cuellar, quienes están acusados del "homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas" de Luis Alberto Nino (25), delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La Sala I del Tribunal del Juicio de Tartagal estará integrada por los jueces Ricardo Martoccia, como presidente, y los vocales Anastasio Vázquez Sgardelis y Asusena Margarita Vasquez.

En las audiencias de debate intervendrán el fiscal penal Pablo Cabot, mientras que los defensores serán Juan Carlos Sánchez, Néstor Heredia, Delicia Ruiz y la defensora oficial Natalia Pagani. 

El caso

De acuerdo a la acusación, todo comenzó el 17 de mayo de 2017, cuando Nino, quien residía en Salvador Mazza, en la frontera de Salta con Bolivia, salió de su casa por la madrugada a repartir el pan del comercio en el que trabajaba.

El joven partió a bordo de un automóvil marca Renault Clío que le proporcionaban los propietarios de la panadería para que, justamente, realizara el reparto diario.

Al mediodía, la dueña del comercio se comunicó con la familia del joven para avisarles que éste no había regresado y tampoco contestaba su teléfono celular, por lo que se radicó una denuncia policial por su desaparición.

A partir de allí comenzó una intensa búsqueda que se extendió durante diez días, hasta que la mañana del 27 de mayo último el cuerpo fue encontrado enterrado en un pozo en una finca y tapado con tierra y cal.

Una vez rescatado el cuerpo, su madre lo reconoció y se le practicó la correspondiente autopsia, que determinó que murió por asfixia obstructiva en las vías aéreas, por lo que había sido enterrado vivo.

A partir del hallazgo del cadáver los investigadores detuvieron a Parada, quien era el propietario de la finca donde se encontró; a Cuéllar, pareja del primero; y a los otros tres hombres que ahora van a juicio con ellos.

Si bien en un inicio de la investigación se sospechó que el crimen había estado motivado por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, la familia de la víctima rechazó esa posibilidad.

Fuente: Agencia Télam