El exmilitar Jorge Balla fue condenado en 2019 por ser considerado responsable de cometer crímenes de lesa humanidad en su participación en la masacre de Ituzaingó y Las Heras en enero de 1977 en la ciudad de Santa Fe, aunque fue beneficiado con prisión domiciliaria por razones de salud y edad.

A mediados de enero, fue apuntado por un joven matrimonio vecino que denunció que el represor viene realizando acciones de intimidación y amenazas de muerte contra ellos. Además, organismos de derechos humanos de la capital constataron una serie de violaciones a las condiciones de la prisión domiciliaria, por lo que el 18 de enero hicieron una presentación formal ente la Fiscalía Federal y el Tribunal Oral Federal para que cese de inmediato el beneficio.

Ahora, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia insistió con el reclamo de cárcel común y efectiva respaldando la denuncia de los organismos con el patrocinio del abogado Guillermo Munné.

El comunicado

El Sargento Jorge Balla fue condenado a Prisión Perpetua por un Tribunal Federal que comprobó su responsabilidad en la emboscada y masacre de Ituzaingó y Las Heras en Enero de 1977. La condena fue en 2019, por lo cual el genocida disfrutó de más de 40 años de impunidad. A pesar de eso, y con fundamentos muy endebles sobre sus problemas de salud, el tribunal lo benefició con el privilegio de prisión domiciliaria. Tal situación hace prácticamente simbólica la condena, en la medida que el genocida sigue haciendo una vida casi normal, con todas las comodidades y comunicaciones a las que se acceden actualmente.

 En el caso de Balla, se da el agravante de su sistemática violación de las restricciones que le imponen esa condición, y para peor se ha transformado en un verdadero peligro para la comunidad. Eso se manifiesta en las graves amenazas y agresiones que viene sometiendo a la joven familia de Juan Schumacher, Daiana Ruscitti y Delfina, su beba de 6 meses.

Los genocidas tuvieron todas las garantías judiciales, las que ellos mismos negaron a nuestros desaparecidos. Nunca se arrepintieron y siguen sosteniendo el  pacto de silencio con sus cómplices. Quienes además no tuvieron el menor gesto de humanidad para decirnos donde están los restos de nuestros desaparecidos, es imposible que puedan reinsertarse en la sociedad.    

 Los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas somos firmantes de la denuncia a Jorge Balla, junto a la familia agredida, al Foro contra la Impunidad y por la Justicia y a otros organismos de DDHH, con el patrocinio del abogado Guillermo Munné. Reclamamos al Tribunal Federal que actúe en consecuencia a los amplios fundamentos de la petición, y disponga la revocatoria de la prisión domiciliaria para que la condena se haga efectiva en una cárcel común como corresponde.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021