La justicia uruguaya quedó esta semana a cargo de la definición sobre la concesión o no del carácter de refugiado a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo citado a indagatoria por la jueza federal María Servini por las supuestas presiones ejercidas sobre los accionistas del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.
El parlamentario del Mercosur había presentado su pedido de ser considerado como refugiado político ante la CORE (Comisión de Refugiados), presidida este año por la cancillería uruguaya, pero la definición pasó a manos de la justicia luego de que la jueza Servini envió un exhorto a ese país para reclamar la detención y extradición de Pepín.
La definición le quedó a la justicia porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que reza que "cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".
La jueza de la extradición es la titular del juzgado de Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarián, quien quedará a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugio para pasar a fallar sobre la detención o la extradición solicitadas por Servini, según indicaron fuentes de la justicia y la diplomacia uruguaya.
