El Ministerio de Trabajo de la provincia dictó ayer la conciliación obligatoria, por el término de 15 días hábiles vigentes a partir del 1º de enero, en el marco del conflicto en la empresa Vassalli, que había anunciado el despido de 52 empleados.
La medida se tomó luego de una reunión donde las partes se sentaron a la mesa, en medio de una jornada intensa: mientras se llevaba a cabo el cónclave, los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despido a partir del 31 de diciembre, en una medida que el gremio calificó de "arbitraria y provocativa". Y afuera del ministerio, una nutrida manifestación acompañó con bombos y bombas el reclamo gremial.
La audiencia no fue muy extensa, pero sirvió para que las partes rubricaran la conciliación, que retrotrajo el efecto de los despidos y abrió un espacio de discusión. Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Julio Genesini, quien aclaró que la medida regirá hasta el 22 de enero, mientras que el 16 habrá una nueva audiencia. "No obstante, las partes irán conversando, porque la conciliación apunta justamente a generar un ámbito de debate para arribar a alguna solución".
A la hora de comentar los detalles del encuentro, el funcionario recordó que la empresa plantea que necesita "reducir su plantel para darle continuidad a la producción". Pero aclaró que "los conflictos tienen sus momentos, van surgiendo ideas y propuestas en el marco de las discusiones, y las posturas pueden ir variando. Vamos a ir trabajando para que eso ocurra, porque siempre hay alternativas. La provincia siempre puso herramientas a disposición de las empresas cuando tienen dificultades, y especialmente lo ha hecho en la firma Vassalli, porque no es el primer conflicto en el que hemos tenido que intervenir, ya hemos firmado acuerdos en este mismo ministerio, se han gestionado Repro, se hizo una asistencia financiera justamente con la idea y el compromiso de que continúe la producción con los trabajadores en sus puestos".
Genesini definió a Vassalli como una empresa "emblemática, con un volumen de trabajadores muy importante para la vida económica y social de Firmat". Y aunque afirmó que hay predisposición oficial para "seguir aportando", aclaró que "se necesita un esfuerzo de todos, y en este sentido planteamos que se avengan a discutir una posibilidad que nos permita mantener a los trabajadores".
Si bien la conciliación es por 15 días hábiles, el ministerio tiene la posibilidad legal de extenderla a 30. "Vamos a mantener la expectativa, creo que esto cumple con el objetivo de enfriar un poco el conflicto y darnos un tiempo de reflexión y de trabajo. Por ley tenemos hasta 30 días hábiles, de considerarlo oportuno. Estamos en un marco de discusión; no se arribó a ninguna solución, pero nosotros tratamos de agotar los plazos legales para alcanzarla", dijo Genesini.
Del encuentro participaron el apoderado legal de la firma, Walter Cacho, el secretario general de la UOM de Firmat, Diego Romero, el abogado del sindicato, Pablo Cerra, el intendente de esa ciudad, Leonel Maximino, dirigentes de distintos gremios, y legisladores nacionales y provinciales, así como concejales de Rosario y Firmat. Estuvo la diputada nacional Alejandra Rodenas y los diputados provinciales Gabriel Real, Oscar Pieroni y Carlos Del Frade, y el concejal rosarino Eduardo Toniolli, entre otros.
Tras el cónclave, Romero afirmó que la conciliación se dictó "ante la negativa de la empresa de retrotraer las medidas que tomó". Y adelantó: "Ahora veremos cómo seguimos, nos vamos a reunir en asambleas para resolver qué se va a plantear, porque nosotros queremos los puestos de trabajo, no aceptamos indemnizaciones".
El dirigente recordó que "a la audiencia vino el apoderado legal porque el presidente del directorio, Néstor Girolami, no da la cara".
El dirigente lamentó que no haya "predisposición de la empresa", y dijo que por eso el ministerio debió intervenir. "Si la empresa tuviera buenas intenciones no habríamos llegado a esta instancia. Esto nos permite ganar tiempo para negociar y no tener que hablar de despidos. Por el momento, hay deudas salariales y un acoso permanente", denunció.
En la misma sintonía, el abogado Pablo Cerra señaló que "estamos luchando contra la intransigencia de una patronal que mandó telegramas arbitrarios e inmorales, en una actitud perversa y provocativa. Hasta ofrecen una financiera para darles a los trabajadores créditos por el valor de un sueldo", protestó.
Maximino, por su parte, planteó el deseo de que "la empresa siga de pie con los trabajadores adentro. Ellos (por los responsables de la firma) argumentan una baja en la productividad, que de fabricar entre 40 y 50 cosechadoras por mes, hoy fabrica 10, lo que la hace inviable. Hay que ver de qué manera se le puede inyectar recursos para que la planta siga en pie".
Fuente: La Capital.
