Una pareja se dirigía a la zona de Zárate y Campana en una Renault Kangoo, cuando fue retenida en "un control vehicular de rutina en el peaje", donde un primer policía le pidió al conductor la documentación de rutina necesaria para circular.

"El hombre exhibió la documentación a través de la aplicación Mi Argentina en su celular y el policía le dijo que no servía. Pero además, le hizo una segunda observación con respecto al semipolarizado que tenía el parabrisas", explicó la fiscal de la causa, María Virginia Toso.

Un superior jerárquico, de manera intimidante les dijo que iban a secuestrar el vehículo, pero que les ofrecía "una manera de arreglar", según lo narrado por los damnificados.

La víctima no contaba con efectivo y les dijo que lo único que tenía eran 3.000 pesos en su cuenta de Mercado Pago, y los policías aceptaron esa vía de pago. El hombre realizó la transferencia electrónica hacia el policía, y la operación quedó registrada. 

Luego de escuchar a las víctimas, Toso analizaba esta tarde agravar la calificación a "exacciones ilegales agravadas bajo la figura de la concusión", que el artículo 268 del Código Penal castiga con pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, "al funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones".