Con distintos métodos, dirigentes de Juntos por el Cambio buscan impedir el plan del Gobierno nacional para controlar los precios en conjunto con gremios y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la inflación más alta registrada en el país en los últimos 32 años. 

Para voltear la iniciativa, la intendencia de Buenos Aires puso a disposición una línea especial del 911 para denunciar los controles de precios. 

Así lo comunicó el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y el secretario de Asuntos Públicos Waldo Wolff. Dejaron en claro que no naturalizarán un accionar que consideran "ilegal" y denunciaron que el control de precios "no funcionó en ningún lugar del mundo".

Por su parte, la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió hizo una presentación formal a la Justicia para denunciar al presidente Alberto Fernández, al ministro Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por haber convocado al gremio de Camioneros para el control de precios con el objetivo de "amedrentar y disciplinar a supermercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley".

En la denuncia, que también lleva la firma de los diputados nacionales diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se los acusa por "los delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos".