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Condenaron a 38 años de prisión por narcotráfico, al exsecretario de Seguridad de México

Genaro García Luna, fue funcionario durante la gestión del presidente Felipe Calderón. Un tribunal de los Estados Unidos lo halló culpable de haber participado de una organización criminal
JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2024

Un tribunal de Estados Unidos condenó ayer, a 38 años de prisión, al exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, durante la Administración de Felipe Calderón, después de que un jurado le hallara culpable de cinco delitos en el marco de un caso por participar en una organización criminal relacionada con el narcotráfico y tener vínculos con el Cartel de Sinaloa. 

El juez Brian Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, ha señalado que los cinco años que el exfuncionario ha pasado en prisión se restarán de los 460 meses a los que ha sido  sentenciado. 

Además, le ha impuesto una multa de dos millones de dólares (1,84 millones de euros) por el delito de conspiración para la distribución internacional de cocaína y podrá pasar cinco años de libertad condicional. 

"Usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree. Pero su conducta es la misma que la de El Chapo (...) Hay personas que pueden vestir muy bien. Tener muy buenos modales. Pero eso no implica que al mismo tiempo sean capaces de hacer cosas terribles", ha expresado Cogan durante su intervención, según recoge el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). 

García Luna, que ha asegurado que apelará la condena de la Justicia estadounidense porque se ha declarado inocente de todos los cargos, fue declarado culpable de participar en una empresa criminal continua, conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, y haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses migratorios tras su detención en diciembre de 2019. 

El caso se remonta al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), introdujo de manera deliberada unas 2.500 armas de fuego con el objetivo de identificar y detener a compradores y distribuidores en lo que se conoció como operación 'Rápido y Furioso'. 

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