El Poder Judicial de Perú anunció ayer que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) ha sido condenado a 20 años y seis meses de cárcel tras hallarlo culpable de la comisión de los delitos de colusión y blanqueo de dinero en el marco del caso 'Interoceánica Sur', tramos II y III, que une Perú con Brasil. 

"Se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima (soborno) de 35 millones de dólares se otorgara a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado", señala el veredicto, según indica el Poder Judicial a través de su perfil en la red social X.

En un adelanto del fallo desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido desde su extradición de Estados Unidos, la jueza Inés Roja Contreras, del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha resuelto imponer nueve años de prisión por el delito de colusión y once años y seis meses por el delito de lavado de activos, además de una indemnización por reparación civil de 1.375 millones de soles peruanos (338 millones de euros) y 463 millones de dólares (427 millones de euros euros), y una inhabilitación de la función pública por tres años. 

Tal y como ha explicado, el empresario israelí Josef Maiman era el encargado de canalizar el dinero que la empresa brasileña Odebrecht iba a entregar a Toledo por los proyectos de su Gobierno.

El entonces mandatario se reunió en el Palacio de Gobierno con funcionarios para agilizar la licitación a favor de dicha compañía. 

Miles de pruebas y cientos de testigos

En el proceso, han recibido a casi 120 testigos y se han verificado 175 audiencias, comprobando más miles de pruebas documentales. Durante su última audiencia del juicio, Toledo, de 78 años, pidió a los jueces que le dejen "curar o morir" en su casa tras reiterar su inocencia en el alegato final y después de mencionar que padece cáncer y problemas de corazón. 

Roja ha señalado que "como primera autoridad administrativa de todo el Estado, (debía) proteger y velar por el correcto funcionamiento de la administración y los intereses patrimoniales de la administración pública, en el ámbito de la contratación pública". 

"Tenía el deber de actuar con neutralidad absoluta, imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones", ha recogido la emisora de radio RPP. 

"Al haberse demostrado una serie o un rosario de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa e indirecta de Toledo en el proceso, Toledo ha realizado la conducta típica de la infracción del deber, defraudando al Estado", ha relatado. 

El abogado de Toledo, Roberto Su, ha anunciado que apelará la sentencia anunciada este lunes (la lectura integral será el 31 de octubre) al alegar que se han producido "errores de tiempo" en el fallo del Poder Judicial. 

"Vamos a apelar y esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y analizar", ha afirmado en declaraciones a la prensa recogidas por la emisora de radio Exitosa Noticias.