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¿Derecho a decidir?: aumentan las denuncias por barreras en el acceso al aborto

A cuatro años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, los retrocesos en su implementación amenazan un derecho conquistado con años de lucha feminista. Asegurar el acceso al aborto legal es una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos.
JUEVES 29 DE MAYO DE 2025

En diciembre de 2020, Argentina marcó un hito histórico con la aprobación de la Ley 27.610, que garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Fue una conquista impulsada por el movimiento de mujeres y diversidades que, durante décadas, exigió que el Estado reconociera el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.

Hoy, sin embargo, este derecho se encuentra amenazado. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, las denuncias por barreras en el acceso al aborto aumentaron un 215% en el último año. 

La falta de insumos, la desfinanciación de programas de salud sexual y reproductiva, la objeción de conciencia institucional y la ausencia de campañas informativas configuran un panorama alarmante. A esto se suma un discurso oficial que estigmatiza el aborto y busca debilitar las políticas públicas que lo garantizan.

El aborto legal no es una agenda ideológica ni partidaria, es una política sanitaria basada en evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud señaló que restringir el acceso al aborto no reduce su número, pero sí lo vuelve más inseguro. En cambio, la legalización disminuye la mortalidad y promueve la autonomía de las personas gestantes.

En los contextos más vulnerables, donde el acceso a la educación sexual, los métodos anticonceptivos y la atención médica son limitados, el aborto legal representa una herramienta crucial para evitar muertes evitables y decisiones forzadas. Negar este derecho no elimina el problema, solo lo empuja a la clandestinidad.

Frente a los intentos de retroceso, es fundamental reafirmar el compromiso con la implementación plena de la ley. Eso implica garantizar insumos, formar profesionales no objetores, fiscalizar las instituciones que obstaculizan su cumplimiento y continuar difundiendo información clara y accesible.

El aborto legal no obliga a nadie a abortar, pero le da a cada persona la libertad de decidir. Defender este derecho es defender una sociedad más justa, igualitaria y libre. Porque como cantaron miles en las calles de todo el país: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

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