El gremio de Atilra informó que la Justicia Federal desestimó la denuncia penal contra su secretario general, Héctor Ponce, y su familia por supuesta administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones.

En un comunicado, el sindicato asegura que la sentencia, firmada el el pasado 11 de septiembre,  desestima la denuncia y  revela que la fiscalía tomó como base un programa de TV y las declaraciones públicas del ex médico auditor de la Obra Social, Mario Bertoia, que acusó públicamente a Ponce de cometer delitos.

En la denuncia se le atribuía al Secretario General de Atilra y su familia la comisión de supuestos delitos tales como administración fraudulenta, desvío de fondos, delitos contra la salud pública, delitos contra la administración pública y lavado de dinero.

“La profunda investigación llevada a cabo durante más de un año incluyó allanamientos, levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero, bloqueo de cuentas e información cruzada de distintos organismos de control tales como AFIP, Unidad de Información Financiera (UIF), Superintendencia de Servicios de Salud, INAES, Banco Central, Comisión Nacional de Valores y Registro de la propiedad de bienes muebles e inmuebles” reza el comunicado.

La sentencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 desestimó la denuncia, afirmando que “luego de haberse llevado adelante una profusa investigación”, no solo “no pudo establecerse la efectiva materialización de las maniobras” denunciadas, sino que, “al contrario, las evidencias recolectadas durante la profusa instrucción, han permitido descartar la perpetración de los hechos que dieran origen al legajo y por ende debe ponerse fin al trámite del mismo y dar por terminadas las especulaciones que marcaron su génesis”.

Agregan que “la Unidad de Información Financiera se ocupó de despejar cualquier duda que rodeara el quehacer de los involucrados, al haber informado que no registraba reportes de operaciones sospechosas en relación a ellos”. 

Que del mismo modo las autoridades del Banco Central de la República Argentina “ratificaron esas expresiones”. Que todos los organismos de control consultados, “en todos los casos, concluyeron en la falta de información que comprometiera a las personas, entes y/o sociedades examinadas, y descartaron la supuesta materialización de alguna maniobra que resultara del tipo de las individualizadas al comienzo.” Que tampoco ha existido “fraude en perjuicio de los fondos del erario nacional”.

El comunicado oficial del gremio remarca que “por ello resuelve sobreseer a los denunciados y disponer el archivo de las actuaciones, dejando expresamente aclarado a la luz del resultado de la investigación, que esta causa en definitiva en nada afecta el buen nombre y honor de los investigados por la falsa denuncia”.