El juez Sebastián Casanello procesó al empresario Lázaro Báez y a otros 26 imputados por integrar una banda dedicada al blanqueo de capitales entre los años 2010 y 2013. En su resolución, de 750 páginas, el magistrado le amplió el embargo a Báez hasta cubrir el monto de 10.500 millones de pesos. Casanello investiga dos docenas de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore, con cuentas bancarias en Suiza.

Los otros imputados, además de Báez, son: Jorge Oscar Chueco, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Martín Báez, Fabián Virgilio Rossi, Carlos Molinari (fue sobreseido parcialmente), Federico Elaskar (sobreseído parcialmente), Leonardo Fariña (sobreseídos parcialmente), César Gustavo Fernández, Leandro Báez, Melinda Báez, Luciana Báez, Roberto Erusalimsky, Santiago Carradori, Daniel Bryn, Alejandro Ons Costa, Martín Rosta, Eduardo Castro, Jorge Cerrota, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Ariel Pérez Gadín, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Walter Zanzot, Mario Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri. 

En la resolución, Casanello dio cuenta de cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez -hoy detenido en el penal de Ezeiza- inició un esquema de lavado de activos de dinero ilícito, a través del "valijero" Leonardo Fariña, usando a su vez financieras del microcentro porteño. En enero de 2011, Fariña, con dinero de Báez, adquirió a Federico Elaskar la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero. Desde allí dirigían las operaciones de lavado de la banda y gestionaron la formación de una estructura jurídica y bancaria fuera de la Argentina para albergar el dinero. Según pudo determinar el juez, este dinero era resguardado mediante un entramado societario y bancario en varios países, como Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, y los Estados Unidos. 

Luego, a través de una maniobra fraudulenta, Baéz reingresaba al país una parte, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina. En su larga resolución, Casanello mantuvo la prisión preventiva de Báez, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco. Asimismo, ordenó embargos millonarios sobre el patrimonio de once personas jurídicas, entre las que se encuentra Austral Construcciones SA.