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Caso Maldonado: “Hay que enjuiciar a los funcionarios y a Gendarmería por encubrimiento”

Lo aseguró por LT9 el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Recordó que la próxima semana se realizará una audiencia para definir si la Justicia Federal de la Capital puede avanzar en la responsabilidad política por las trabas en la investigación.
VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat se refirió esta mañana por LT9 al incumplimiento del Gobierno Nacional de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU por el Caso Santiago Maldonado.

“Es parte de la política de encubrimiento” sostuvo Barcesat. Y recordó que el 10 de octubre se va a realizar una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal para “analizar la competencia del fuero federal de la Capital para enjuiciar a las autoridades del gobierno nacional y a la cúpula de Gendarmería nacional, que han venido encubriendo la responsabilidad de la dirigencia política y los efectivos de Gendarmería por la desaparición de Maldonado”. 

“Esto se completa con la falta de avance de la investigación y por haberse negado ante el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que enviaron un electo de expertos para que colaborarán  mediante los protocolos con la investigaciones sobre esta desaparición forzada” agregó el letrado.


 

También señaló que “este comité de expertos tendría que haber actuado el gobierno de modo de no encubrir, sino  colaborar en la investigación, que debe ser desarrollada por un juez idóneo e imparcial, cosa que no la tuvo desde un principio”. 

Y concluyó diciendo que “el juez Guido Otrantto es parte de la responsabilidad por encubrimiento del crimen”.

Barcesat estará este viernes disertando en el auditoriod e ATE, San Luis 2854, a las 20:30 sobre el tema “Una nueva Constitución Nacional para un nuevo Estado”.

Además de plantear el debate de una nueva Carta Magna en la que deberían incorporarse normas sobre la propiedad de los recursos naturales como contenía la Constitución de 1949, expondrá la necesidad de acceso a los derechos consagrados que la actual normativa constitucional sólo los enumera, pero no crea mecanismo alguno para garantizar su efectiva vigencia.

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