A través de un Proyecto de Ley (D-5448) el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, el sanjuanino José Luis Gioja, propuso que se derogue el Decreto 794/17 de creación de la Empresa Corredores Viales S.A.

"Propongo la inmediata derogación del Decreto 794/17 porque deviene en ilegítimo e inconstitucional", sostuvo Gioja, y agregó que "es ilegítimo porque excede el marco de normas dictadas anteriormente, como la Ley 17.520/67, puesto que se faculta a Corredores Viales S.A a ejercer múltiples funciones vinculadas a cuestiones viales que exceden ampliamente las concesiones de obras públicas. En otras palabras, una sociedad anónima tendrá las mismas o más facultades que una entidad autárquica pública cómo es Vialidad Nacional, que es una de las más federales de las reparticiones públicas, que tiene presencia en todo el país y que además está sujeta a normas de derecho administrativo".

En el mismo sentido, el legislador por el PJ de San Juan argumentó por qué el Decreto  794/17 del Gobierno es inconstitucional. "La razón por la que debe derogarse este Decreto emitido por el actual Poder Ejecutivo de la Nación consiste en la caducidad de la facultad que le asiste y que le permitiría su dictado". 

Agregó además que "desde el 24 de agosto de 2010 se encuentra vencida la facultad delegada que le permite al PEN dictar normas como en el caso que nos ocupa, sobre la Ley 17.520/67".

Gioja advirtió que "ya intentaron hacer lo mismo en plena crisis de 2001 De la Rua y Cavallo dictando el Decreto 802/01, un mamarracho de la Alianza que hoy Macri pretende repetir basado en los consejos de quien admitió que se está haciendo lo mismo que en la década del 90, Domingo Cavallo".

En los fundamentos de su iniciativa, sostuvo que "resulta improcedente avalar que por esta vía ilegítima el PEN comience a actuar en un ámbito de menos control. Si efectivamente el Gobierno considera que la creación de Corredores Viales S.A. promovería la eficiencia y la eficacia, debería justificarlo en concreto. Tal como ha sido dictado el decreto n°794/17, solamente se sugiere que consiste en una maniobra ilegítima para “achicar al Estado”, anulando las competencias que ya tiene la DNV. Además, permitirá que una sociedad anónima se endeude y opere bienes del dominio público, como lo son las redes viales".

"Si el Gobierno no es capaz de operar de manera eficaz y eficiente a través del Ministerio de Transporte y de Vialidad Nacional debería reconocerlo y proponer las medidas pertinentes sin afectar las funciones públicas ya vigentes", concluyó.

Fuente: Infonews