El presidente Mauricio Macri anunciará hoy un paquete de medidas con el objeto de reducir el déficit fiscal, que incluirán reformas en materia laboral y previsional, aumento de impuestos y subas en servicios públicos.

El mandatario realizó una convocatoria en el Centro Cultural Kirchner a representantes de la oposición, del sindicalismo, el empresariado y el sector judicial y universidades, en el marco de las reformas que buscará impulsar a raíz del arrollador triunfo que logró Cambiemos en las elecciones legislativas. De esta manera, el jefe de Estado pretende dar una señal de apoyo político a esta nueva etapa de su presidencia.

Según los adelantos que la Rosada le concedió a varios periodistas durante el fin de semana, a partir de enero el boleto del transporte en el área metropolitana aumentará cincuenta centavos por mes hasta llegar a duplicarse en diciembre de 2018, aunque se contemplará la opción de pagar menos para aquellos que realicen combinaciones. Esta suba, que había estado prevista para este año pero al final se postergó, se sumará a las alzas previstas en luz y gas, y a las que registraron las naftas apenas horas después de los comicios.

El objetivo es continuar con el recorte de los subsidios iniciado con esta gestión para que se achique el rojo primario de las cuentas públicas.

El otro recorte previsto en los gastos será en materia previsional, aunque en el Gobierno lo intentan vender como una herramienta para contener la inflación dado que el parámetro tiene el rezago de los doce meses previos.

El Ejecutivo pretende que la suba de jubilaciones y subsidios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasen a actualizarse de acuerdo a la suba de precios y no a la recaudación y los salarios, como sucede actualmente. Para ello hay una comisión que está estudiando la iniciativa que fue convocada en 2016 con el blanqueo y la ley de reparación histórica.

Eso signifi caría un aumento del 10%, en caso de cumplirse la meta de aumento de precios que fijó el Gobierno, contra el 22% que figura en el proyecto de Presupuesto 2018.

Otro cambio previsto es en el aumento en la edad jubilatoria en el casos de los regímenes de privilegio, para equipararlos a la edad general.

Por el lado de los ingresos, la reforma fiscal apuntará a gravar la renta financiera para inversiones mayores a $1,4 millones en el caso de bonos, depósitos a plazo fijo y Lebac. Las acciones, en cambio, quedarían exentas.

También habrá incrementos en la carga impositiva de gaseosas, cigarrillos y bebidas alcohólicas y se obligaría a compañías como Netflix a pagar IVA.

La intención del Gobierno es reducir la carga tributaria, pero el agujero fiscal es tan grande que tendrá que compensar parte de lo que se pierda en recaudación de unos tributos con otros nuevos o subiendo alícuotas.

En ese sentido, a las empresas que reinviertan utilidades se les rebajará el impuesto a las Ganancias del 35% al 25%. Y el impuesto al cheque podrá descontarse de ese tributo.

Otro cambio que se impulsaría en el marco del blanqueo laboral es que los empresarios no paguen aportes patronales por sueldos que estén debajo de los 10.000 pesos.

Lo cierto es que el primer paso lo dieron los gobiernos bonaerense y porteño al enviar el proyecto de presupuesto para 2018, que incluyen reducciones de ingresos brutos e incrementos en los impuestos inmobiliarios como el ABL. De esta manera, las administraciones macristas de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta le marcaron la cancha a sus pares del resto de las provincias.

El ejecutivo pretende negociar la reforma fiscal con los gobernadores para acotar el impacto de ingresos brutos sobre la producción.

Por otro lado, ya está pautada la reducción de 0,5 puntos porcentuales en las retenciones a la soja y sus derivados desde enero próximo hasta llegar a 0 al fi nal de mandato de Macri en el 2019.

La convocatoria de hoy abarcará a representantes institucionales, que incluirá también a representantes del Poder Judicial, autoridades del Congreso y jefes de bloques con representación parlamentaria, entidades empresarias y sindicales, autoridades de entidades religiosas y de universidades.