El gobierno nacional anunció esta semana el inicio de un plan de inversiones en rutas de todo el país, a ejecutarse mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP). La presentación de un plan a muy largo plazo contempla una inversión de 12.572 millones de dólares durante los primeros cuatro años, según se informó. En ese marco, dentro de las primeras 16 obras previstas en esta modalidad de financiamiento, ya se abrió el primer tramo licitatorio de un paquete de transformaciones de rutas en autopistas, semiautopistas o rutas seguras, de acuerdo a la categorización establecida.

Para la región, quedó incluido el puente Santa Fe–Paraná, pero recién en la tercera etapa de llamado a licitaciones, entre junio y noviembre de 2018. El detalle está explicitado en el plan de obras de Vialidad Nacional.

De acuerdo a los plazos fijados por Vialidad, en junio de 2018 se hará la publicación del proyecto ejecutivo; en setiembre será el turno de la presentación de ofertas; y en noviembre se hará la toma de posesión, para iniciar los trabajos.

Para el puente Santa Fe–Paraná se prevé una inversión de 650 millones de dólares en cuatro años –se venía hablando de 900 o 1.000 millones de dólares–, y otros 21 millones de dólares en obras complementarias.

Ahora, mediante la modalidad de financiamiento PPP, se apunta a lograr que la inversión privada se sume al financiamiento, que podría ser devuelta o cancelada mediante la explotación de la concesión de las redes viales.

Junto con la licitación para la obra del puente Paraná-Santa Fe figura otro enlace sobre el río Paraná, que unirá a Corrientes y Chaco, cuya actual conexión sufre serias falencias.

Vialidad Nacional fijó tres etapas de licitación para distintas obras para la convocatoria de empresas interesadas en sumarse al sistema PPP: la primera comenzó ayer y se extenderá hasta abril de 2018 –el llamado a licitaciones puede verse en el sitio oficial de Vialidad Nacional–; la siguiente será entre febrero de 2018 y julio de 2018; y la tercera entre junio y noviembre.

Los proyectos PPP se financiarán fundamentalmente a través del impuesto al gasoil, un gravamen que en su origen estuvo destinado a la realización de obras. Según la cartera de Transporte nacional, el nuevo esquema garantiza la seguridad jurídica y financiera al adoptar como mecanismo para abordar posibles controversias entre las partes la intervención de paneles técnicos como paso previo a recurrir a los procesos formales en tribunales judiciales.

Fuente: UNO Entre Ríos