La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, confirmó esta mañana por LT9 que mañana se firmará la resolución por la cual se revocarán los tres expedientes de titularización de unos 500 docentes y que se llamará a nuevo concurso “conforme a la normativa vigente”.
La funcionaria dialogó con “Primera Mañana” y remarcó que la medida se adopta tras la doble observación que realizó el Tribunal de Cuentas y la Comisión Evaluadora creada por el Decreto 89, que revisó las últimas resoluciones firmadas por el gobierno de Miguel Lifschitz y sus ministros.
“Estos 500 casos tienen doble observación. Hay otras resoluciones que fueron observadas por la Comisión del Decreto 89, pero no por el Tribunal de Cuentas. Se obviaron los procedimientos pautados en el decreto que regula la carrera docente, por lo tanto la observación es que no fueron hechas conforme a derecho, y la tenemos que revocar”, sostuvo la ministra.
En este mismo sentido, agregó que “no está cuestionado el objeto de la titularización, sino el procedimiento de la titularización”. También explicó que al revocar la titularización, estas personas pasan a ser interinos, seguirán cobrando sus sueldos y podrán participar del nuevo concurso para titularizar.
“Entendemos que hay una razonabilidad legal para revocar. Son titularizaciones que se han hecho desconociendo los pasos formales. No estamos alterando la capacidad de trabajo de la gente que seguirá cobrando en carácter de interinos, y proponemos una instancia de saneamiento de este proceso que fue hecho irregularmente” aclaró Cantero.
Sobre los dichos de la ex ministra de Educación, Claudia Balague, en su cuenta de twitter, la funcionaria sostuvo que la ahora diputada provincial no explica “por qué se procedió de esa manera”.
“Si estas personas tienen los títulos, los antecedentes y han manifestado y demostrado en un trabajo sostenido en el tiempo que son personal calificado, no tendrán inconvenientes a presentarse de nuevo a un concurso”, añadió la titular de la Cartera Educativa.
Por último. Cantero indicó que “no es un ataque a la docencia, sino una intervención para sanear un procedimiento, para que todos tengan igualdad ante la ley. No es un ataque a los docentes porque le hemos dado continuidad a los concursos que se iniciaron en la gestión anterior”.