El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain solicitó el apartamiento de los fiscales que el último viernes realizaron un procedimiento judicial, que desde su óptica fue un allanamiento "sin orden judicial", en las oficinas de la cartera provincial, en la que secuestraron dispositivos electrónicos y teléfonos celulares de funcionarios en una investigación por presunto espionaje e irregularidades administrativas.

A la vez, en la presentación realizada al Ministerio Público de la Acusación (MPA), los abogados de Sain plantearon la "incompetencia" de los fiscales que llevan el caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de acuerdo con el delito que se encontraría en investigación.

"Si la investigación se orienta a demostrar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la competencia es de la Justicia Federal", señala el escrito al que accedió la agencia nacional de noticias Télam.

A la vez, la presentación denuncia "severas irregularidades" en los operativos porque, sostiene, fueron realizados "sin orden judicial" y con "absoluta amplitud e indeterminación" del objeto de la medida, es decir, lo que la Policía tenía que secuestrar.

De acuerdo con el acta, los fiscales solicitaron "irrumpir en la oficina del ministerio y proceder al secuestro de 'tantos dispositivos electrónicos y de almacenamiento de información, como así también la identificación de las personas presentes y de toda documentación relevante para la causa'".

La presentación de Sain señala que eso equivale a "ir a la pesca", ya que "la absoluta indeterminación de la medida determina la notoria nulidad de la misma". Además, señala que la Policía secuestró efectos personales de los funcionarios que estaban en las oficinas sin advertirles que no estaban obligados a entregarlos.

La presentación de obedece a una serie de procedimientos ordenados el viernes pasado por los fiscales Hernández y Jiménez en las sedes del Ministerio de Seguridad en las ciudades de Santa Fe y Rosario, en búsqueda de información y dispositivos electrónicos.

Según trascendió, los procedimientos tienen como marco una investigación judicial por una denuncia sobre supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armas policiales –que quedó suspendida y no se efectuó- y la presunción de violación de la Ley de Inteligencia durante la gestión de Sain en la cartera, entre diciembre de 2019 y marzo pasado.

El exministro también pidió el apartamiento de los fiscales del caso por "falta de objetividad", aunque fundamentó que la presunción corre respecto del superior de ambos funcionarios, el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, con quien mantiene una "evidente enemistad".

En la presentación, recordó las denuncias interpuestas por Arietti para que Sain no regresara a su cargo como director del Organismo de Investigaciones (la Policía Judicial de Santa Fe) una vez que dejó el cargo de ministro.

Además, puntualizó que luego de retomar su puesto de director del OI, el fiscal Regional Arietti ordenó a sus subordinados no entregarle información al organismo mientras Sain fuera el director.

En ese sentido, la presentación señala que la evidente enemistad "es recíproca" porque, sostiene Sain, "he acusado –con sólidos fundamentos y evidencias- en reiteradas oportunidades al doctor Arietti por no investigar" una causa judicial por un homicidio que derivó en el descubrimiento de una "cueva" financiera, de la que desaparecieron tras el crimen $3,1 millones y U$S1,1 millón, según una pericia de la Policía Federal Argentina.