La refroma laboral no se debatirá en febrero. El gobierno está convencido de que "no hay ánimos" para forzar la aprobación de la propuesta legislativa. Si bien aún está en el listado de temas que el presidente Mauricio Macri evalúa poner en el decreto con el que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, lo cierto es que el proyecto de ley quedará para después de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.

La sanción de la reforma previsional tuvo un altísimo costo interno, pero también en la relación con los bloques parlamentarios más cercanos a las necesidades del Gobierno. La única forma de "salvar" la reforma laboral es si la CGT, que participó en la redacción final del proyecto que está en el Parlamento y luego se despegó, realiza una defensa de la propuesta que impulsa el oficialismo. Anteayer, Héctor Daer, uno de los jefes cegetistas, dijo que los gremios no traccionarán la iniciativa.

"Necesitamos un nivel de consenso que sea explícito, mucho mayor al que tenemos hoy", dijeron fuentes de la Casa Rosada.

También quedó descartada la posibilidad de dividir la iniciativa, algo que pretendían las principales espadas legislativas de Cambiemos. Desde el oficialismo en el Congreso aconsejaron subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender licencias por paternidad. Pero esta opción fue descartada por la sencilla razón de que la oposición solo avalaría los puntos que le son beneficiosos y el resto de la reforma no se trataría nunca más.

Desde el Gobierno buscan evitar mayores costos para el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe del bloque de los senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto. Dos protagonistas fundamentales de la saga que terminó con la aprobación de la reforma previsional, cuando fuera del recinto, en la calle, miles de personas se manifestaban contra la ley.

Otro de los argumentos para enfriar la norma, que incluye la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de dos años a tan solo uno de plazo) y la exclusión de las horas extras en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido, era evitar forzar aún más el vínculo con los gobernadores, sobre todo con los dialoguistas que "dieron una mano" para alcanzar la nueva ley previsional.

"Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales", describieron fuentes oficiales.