La Justicia impuso medidas cautelares contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y otros dos exfuncionarios de su gestión.

Según trascendió, se les trabaron embargos por 100.000 dólares a cada uno.

Además, se les prohibió acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se los investiga por el presunto intento de defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la Policía de Santa Fe por más de 17 millones de dólares.

Tampoco podrán ingresar a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía de la provincia ni a inmuebles de la fuerza de seguridad santafesina, y deberán informar a Fiscalía si se ausentan de sus domicilios.

Las disposiciones fueron resueltas por el juez Héctor Gabriel Candioti, quien también señaló que las pruebas reunidas por los fiscales “permiten tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”.