El presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti firmaron en la Casa Rosada el acuerdo para saldar la deuda que mantiene el Estado nacional con la provincia de Santa Fe.

Según indicó Perotti, el acuerdo final es por 151.800 millones de pesos, que serán cancelados en bonos actualizables por inflación.

“Es la instancia final de un proceso de reclamo de la provincia ante la Nación. Lo inició administrativamente el ex gobernador Jorge Obeid, y después el ex gobernador Hermes Binner se presentó en la Corte Suprema. A lo largo del tiempo mantuvimos la vocación intacta detrás de un legítimo reclamo”, indicó el jefe de la Casa Gris.

Además, Perotti señaló que el equipo jurídico del Ministerio de Economía de la Nación y la Fiscalía de Estado de la provincia se presentarán ante el máximo tribunal para presentar el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

También destacó que se trató de un compromiso que Fernández asumió con los gobernadores en 2019 en la Facultad de Derecho de la UNR.

En tanto, Guzmán dijo que el convenio firmado con la provincia se acuerda un esquema de desembolsos -el ministro dijo por 132 mil millones de pesos, un dato que después corrigió Perotti- y que se regulariza la situación de la provincia con la Afip.

“Es un buen resultado para regularizar una situación que debía ser regularizada. Permite fortalecer la recuperación productiva, que en Santa Fe es fuerte”, dijo el funcionario.

Historia de una deuda histórica

En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables que, luego de sucesivas presentaciones ante la Corte, se terminó declarando inconstitucional en 2015.

Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente, informó la agencia nacional de noticias Télam.

La Corte intentó que las partes acordaran la actualización y los plazos, pero, al haber transcurrido seis años de la sentencia definitiva en el conflicto, decidió que se aplique a la deuda nominal la tasa activa del Banco Central.

En el fallo de ocho páginas, el máximo tribunal explicó su decisión “en el entendimiento de que tal porcentaje permite mantener un equilibrio entre posturas sustentadas en el interés general” y aclaró que no recurre a cálculos más onerosos para no complicar las cuentas públicas.

En rigor, el Estado Nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también se retenía de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos.