A través de una conferencia de prensa producida en Casa Rosada, la vocera oficial Gabriela Cerruti anunció que hoy por la noche se publicará en el Boletín Oficial el plazo de las sesiones extraordinarias. La convocatoria al Congreso se extenderá desde el 23 de enero al 28 de febrero, semanas en las cuales se debatirán veintisiete proyectos de ley. Juntos por el Cambio ya manifestó que no dará quórum, por lo que el oficialismo apostará por realizar acuerdos con el interbloque federal.

Las propuestas que se presentarán incluyen algunas de las principales disputas del inicio del 2023: las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura; el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación; y la propuesta de modificación del artículo 21 de la Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el plano económico, los proyectos de ley anunciados por Gabriela Cerruti que ingresarán a las comisiones de debate son: el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la creación del Plan de Pago de Deuda Previsional; la modificación a la Ley de Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica; el régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador; la Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino; las legislaciones de promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector Energético; y la aplicación de un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos.

Finalmente, en el Congreso se presentarán en las sesiones extraordinarias proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales; la modificación la Ley de Tránsito y Seguridad Vial sobre Alcoholemia Cero para la conducción de vehículos; la reforma del Sistema Estadístico Nacional; la sustitución de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y sus modificatorias; el proyecto de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios; y los cambios en la ley de Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la Ley de Armas de Destrucción Masiva.