La Legislatura santafesina aprobó este miércoles una reforma al Código Procesal Penal como parte del paquete de leyes en seguridad solicitadas por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La iniciativa fija cambios en 36 artículos además de la incorporación de figuras especiales para las investigaciones. Se trata de la mayor reforma del Código desde 2007, año en que fue implementado.

Esta amplitud demandó mayor tiempo para su tratamiento, que se demoró varios meses. Finalmente y no sin poco cabildeo por parte del Gobierno provincial, ambas cámaras aprobaron el pliego por amplia mayoría en las sesiones de esta tarde.

No obstante ello, el peronismo, los bloques celestes y libertarios se mostraron en contra de algunos artículos como el 9, el 10 y el 20. Este último también fue rechazado por el socialismo.

Al justificar el proyecto en Diputados, José Corral señaló que “se vino discutiendo desde siempre”. “Estoy seguro que este año será recordado como el de profundas reformas para las instituciones de la provincia, en base a un reclamo de la ciudadanía”, agregó.

También aclaró que “se tomaron en cuenta las voces de todos los actores: jueces, fiscales y demás operadores del sistema judicial”. “Queremos lograr un Estado en el que se cumpla con la ley”, cerró.

Luego el socialista Rubén Galassi celebró “los resultados” que está teniendo el Ejecutivo provincial en materia de seguridad. “Defiendo los 100 días que nos tomamos para llegar a estas reformas”, añadió.

En tanto Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, explicó el voto negativo de su espacio (el único que votó en contra) por “no estar de acuerdo” con las modificaciones propuestas. “Es un proyecto que da vuelta al derecho de inocencia: ahora todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, explico.

Y agregó: “Nos sentimos orgullosos de que se nos consideren garantistas porque es respetar y tutelar los derechos constitucionales”.

Muchas dudas

Son varias las voces que se pronunciaron en contra de la modificación del Código Procesal Penal. Incluso antes de la votación, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) alertaron que la reforma aprobada "va a potenciar la burocratización e ineficiencia del sistema".

Tal fue la postura que sentó el organismo previo a la votación, quienes destacaron además que “no es casual que ni siquiera el Ministerio Público de la Acusación se haya mostrado favorable a un proyecto que, supuestamente, viene a facilitar su actividad".

En idéntico sentido se manifestaron varios legisladores de la Cámara Baja. El peronista Marcos Corach cuestionó que la reforma se haya aprobado de la forma indicada: “En algunos casos se necesitó de mayor participación y debate”, explicó.

Y agregó: “Las reformas son lógicas y ágiles, le dan mayores herramientas a la Policía y a la Justicia, pero no tenemos que olvidar el marco en el que proponemos estas modificaciones con un MPA de Rosario intervenido y detonado”. 

Por su parte, la diputada provida Natalia Armas Belavi destacó que “la Legislatura supo escuchar el reclamo de la sociedad, pero tengo dudas de si estamos dando las mejores respuestas”.

También sostuvo que “quedaba una vuelta de tuerca que se pudo haber trabajado (antes de la votación). Los cambios no son los mejores cuando se hacen a toda velocidad.”

El libertario Emiliano Peralta justificó el acompañamiento en general en “las mejoras” que se hicieron en estos días y a “la necesidad de terminar con el modelo inquisitorial”.

Y aclaró: “Nos abstuvimos en algunos artículos relacionados a los allanamientos, pero no dejamos de destacar la garantía de la inviolabilidad del domicilio que puede declarar nulos algunos allanamientos”.

Una de las novedades más importantes que incorpora la modificación del código es que “crea nuevos institutos”, según indicó el senador Rodrigo Borla en el recinto, para la investigación y generación de pruebas. 

Desde ahora los efectivos policiales y de investigación judicial podrán actuar bajo estas condiciones:

Figura de agente encubierto: ocultando o utilizando una falsa identidad, se introduce en organizaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, impedir la consumación de un delito,

Figura del revelador: Se aplicará para quienes compren bienes o servicios o participen de alguna actividad de la organización delictiva. Se pretende identificarlas, detenerlas, incautar los bienes, o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos.

Figura del informante: aquella persona que bajo reserva de identidad aporta datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación de hechos, pudiendo obtener a cambio un beneficio económico. No podrán ser policías.

Entrega vigilada: La Fiscalía, con comunicación inmediata al tribunal, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o secuestro de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación final.

Se constituye la figura del arrepentido

Según indicaron quienes trabajaron en la redacción de esta norma, se incorpora la figura del arrepentido, dándole un marco normativo y buscando “que sea un elemento contundente para el proceso”.

Más allá de regular la actuación procesal, la ley indica que, según las circunstancias, el arrepentido o arrepentida podrá ser incorporado al Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos.