Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron un proyecto para regular la actuación de los asesores que se desempeñan en la órbita del Poder Ejecutivo que no están vinculados contractualmente con el Estado, para que estén sujetos a las obligaciones, deberes e incompatibilidades que prevé la ley de Ética Pública. 

Dentro de la normativa, se establece la obligatoriedad de presentar sus declaraciones juradas como cualquier otro funcionario.

En exclusivo por LT9, el Diputado Nacional por el bloque socialista, Esteban Paulón, se refirió al proyecto que apunta a la regularización laboral del asesor presidencial Santiago Caputo. 

"Es una de las tres personas que más decisiones y responsabilidades tiene, y el Gobierno no responde por ella, porque su modalidad de contratación como locador de servicio monotributista hace que sobre las decisiones que toma no tenga que rendir cuentas ni ante la sociedad ni tampoco en temas de la justicia penal -si hubiera alguna situación de corrupción o tráfico de influencias-, no presenta declaración jurada de bienes, por lo tanto tampoco conocemos cuál es la evolución patrimonial de sus bienes y tampoco tiene ningún tipo de vínculo formal estable con el Estado" señaló el diputado. 

En esta línea, expuso una cierta lista de situaciones en la que el asesor presidencial evidencia su poder, "toma decisiones, define estructuras gubernamentales, define presupuesto, nombra funcionarios, postula integrantes para la Corte Suprema de Justicia y no existe para los registros del Estado, es prácticamente un fantasma, y la verdad es que es muy negativo para el Estado porque esto se presta a manejos poco transparentes".

El legislador evidenció una situación que, a su criterio se popularizó y masificó dentro de las estructuras de la política argentina y que consiste en "nombrar por ejemplo viceministros que deciden más que los ministros, que son el poder real, entonces tiene ministros nombrados formalmente y personas por debajo del rango que toman las decisiones. Eso es anómalo y ya vimos los efectos negativos que tiene en la gestión cotidiana del gobierno".

Finalmente Paulón sostuvo que la modalidad de contratación del Caputo "puede sentar un precedente peligroso", aunque consideró que se trata de un caso sumamente particular, debido a la cantidad de áreas que maneja, las decisiones que toma y la cercanía que tiene con el poder, "cuando básicamente tiene un contrato de locación como si fuera una persona de la limpieza, un cadete o alguien que te presta el servicio de sonido o catering, y es una de las tres personas más poderosas hoy del gobierno".

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