El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri continuará en prisión luego de la condena que recibió por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Así lo decidió la jueza de Garantías del Poder Judicial entrerriano Carola Bacaluzzo luego de evaluar un hábeas corpus presentado por la defensa del dirigente.

La jueza determinó este miércoles 20 de noviembre que el recurso era improcedente. “El hábeas corpus no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales”, argumentó. Luego dijo que la defensa de quien también fue embajador argentino en Israel y Chipre tiene otras vías para discutir el fallo condenatorio. “Pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos. Un procedimiento abreviado”, sostuvo.

La sentencia contra Urribarri también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó su detención este martes, luego de que la condena sea confirmada en distintas instancias. Por ese motivo, el ex gobernador fue alojado en Unidad Penal N°1 de Paraná. Inmediatamente, el abogado defensor de Urribarri, Leopoldo Cappa, solicitó la liberación de su representado a través de la presentación de un recurso de habeas corpus.

Posible inconstitucionalidad

“Entiendo que esta urgencia y motivación de las defensas en orden a resguardar el derecho a la libertad, podrá ser canalizado por las vías ordinarias. Considero que no existe un ataque ilegal que torne procedente la acción de hábeas corpus. El hábeas corpus debe ser rechazado", registró UNO durante la audiencia que concluyó a las 15:20.

En ese sentido, la funcionaria judicial remarcó que los abogados defensores pueden pedir que los plazos procesales "sean expeditivos", y citó la causa Beckman, donde "tratándose de la libertad, los reclamos por su vulneración deberían reconocer un especial y diferenciado procedimiento para su más urgente" tratamiento.

Por todo ello, decidió no dar lugar al pedido de los representantes de Urribarri, ya que "no se verifica ninguna circunstancia" y corresponde continuar con "el orden natural establecido por el Código Procesal Penal de Entre Ríos".

También rechazó el pedido de inconstitucionalidad del abogado Javier Baños, debido a que "no especifica qué norma se considera incompatible y no puede ser abordado, atento a que es una apreciación genérica que tilda de inconstitucional algo que no queda claro".

"Considero oportuno que la prisión sea cumplida de acuerdo a lo estipulado y Urribarri y Aguilera sean alojados en lugares separados de aquellos internos que han sido condenados", completó la magistrada.

Urribarri en la UP 1

La decisión de la Cámara de Casación se conoció a través de un extenso documento de 74 páginas, en el cual se revocó un fallo anterior que había impuesto medidas restrictivas menos severas. Urribarri fue trasladado desde su residencia en Concordia a la Unidad Penal 1 de Paraná. Junto a él, también fue detenido su cuñado Juan Pablo Aguilera, quien enfrentará la pena de seis años en el mismo centro penitenciario.

El fallo de Casación se basó en los argumentos de la fiscalía sobre el riesgo de fuga de los condenados, considerando que en libertad podrían frustrar los fines del proceso judicial. La vocal Marcela Davite, junto con las juezas Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, destacó la importancia de proteger el proceso penal en casos de corrupción, en línea con los tratados internacionales suscritos por Argentina.

El abogado defensor de Urribarri, Leopoldo Cappa, anunció que apelarán la decisión, aunque aclaró que este recurso no suspenderá la detención de su cliente ni la de Aguilera. Según el fallo, las defensas habrían utilizado maniobras dilatorias para retrasar la decisión judicial, lo que incrementó el riesgo de frustración del proceso penal.

Las causas que llevaron a la condena de Urribarri incluyen la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en 2015, la difusión de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur en 2014, y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres, todas consideradas como parte de una campaña financiada con recursos estatales para posicionar a Urribarri como candidato presidencial. Además, se lo acusó de cartelización de publicidad en vía pública y de contratar publicidad oficial sin cumplir con los requisitos formales.

Rechazo de la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia ya había cerrado las puertas a los recursos presentados por la defensa de Urribarri, confirmando el fallo condenatorio en abril de este año. Ahora, con la orden de detención preventiva, el caso sigue su curso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se decidirá el destino final del ex gobernador.

Urribarri fue electo gobernador durante dos períodos, entre los años 2007 y 2015.