El Gobierno oficializó la derogación del Decreto Nº 805/2021 que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas en el país, vigente desde 2006.
Dentro de los fundamentos expuestos en el decreto 1083/2024 publicado en el Boletín Oficial junto a la firma del presidente Javier Milei y sus funcionarios, señala que la prolongación de esta emergencia por 18 años generó "inseguridad jurídica" y una "grave afectación al derecho de propiedad" de legítimos dueños, así como al dominio provincial sobre recursos naturales.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumentó que la suspensión de desalojos dificultó actividades productivas y recreativas, además de fomentar conflictos territoriales.
La medida se enmarca en el objetivo de garantizar la propiedad privada como "pilar principal" para atraer inversiones y promover el desarrollo del país, y también pretende resolver de manera "urgentemente" los conflictos que afectaron a propietarios desplazados durante casi dos décadas y asegurar la soberanía nacional.
El decreto establece el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestas por la Ley 26.160 y sus prórrogas y solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente.
Esta resolución es un cambio profundo en la política estatal respecto de las comunidades indígenas, y es posible que genere aumentos en la conflictividad social existente.
