El pasado miércoles, de manera sorpresiva y luego de descubrir una serie de irregularidades graves en la gestión de vehículos confiscados, incluyendo presuntas maniobras de comercialización ilegal, el intendente Pablo Javkin ordenó la intervención del corralón municipal.

El ejecutivo rosarino firmó un decreto para la separación de los empleados involucrados y presentó una denuncia penal. En esta línea, además realizó la apertura de una investigación administrativa, en la que se contempla el delito de asociación ilícita.

Javkin, aseguró que irán "hasta el final del asunto", y en este sentido remarcó el trabajo realizado para desmantelar este tipo de delitos, "para estas cosas creamos una agencia contra el lavado de activos de origen delictivo. Esto surge porque investigamos, porque tenemos herramientas para sancionar y porque tenemos la decisión política de afrontar cualquier nicho de corrupción que aparezca" señaló.

En relación a este hecho en particular, el intendente de Rosario detalló: "Cuando pusimos el ojo, tuvieron que frenar este robo y aparecieron denunciantes. Inmediatamente iniciamos una investigación administrativa y realizamos la denuncia penal. El miércoles pasado intervenimos el corralón por sorpresa, separando a todos los sospechados y preservando documentación clave para la causa".

Durante la intervención en los corralones Oeste y Moreno, se identificaron vehículos y motocicletas de alta gama que figuraban en los registros compactados o liberados, pero aún estaban en los predios. Además, se detectaron 69 inconsistencias entre los vehículos registrados y los físicamente presentes.

Entre los señalados en la denuncia figura Henry Fabro, exjuez de faltas y director de tránsito. Por estas irregularidades, se trasladó la dependencia del corralón a la Secretaría de Control, y se inició un sumario administrativo contra los involucrados.

La denuncia penal avanza bajo la fiscal Guillermina Aiello, y se investigan delitos como falsificación de documentos (art. 292 CP), uso de documento falso (art. 296 CP), defraudación y asociación ilícita (art. 210 CP). Además, se analiza el posible daño económico al erario público.