Brasil rechazó «con firmeza» cualquier intento por parte del Gobierno de EE.UU. de «politizar» las decisiones del Poder Judicial brasileño, después de que empresas tecnológicas hayan solicitado desobedecer las órdenes de la Corte Suprema del país sudamericano.
El Ejecutivo brasileño afirmó en una nota oficial que recibió «con sorpresa» una manifestación del Departamento de Estado de EE.UU. en la que criticó de forma velada al Supremo brasileño, que ha ordenado en diversas ocasiones a plataformas como X o Rumble eliminar perfiles de extremistas que supuestamente diseminan mentiras.
«Bloquear el acceso a la información e imponer multas a empresas con sede en EE.UU. por negarse a censurar a personas que viven en EE.UU. es incompatible con los valores democráticos, incluida la libertad de expresión», indicó en sus redes sociales la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que forma parte del Departamento de Estado de ese país.
Postura de Brasil
El Gobierno brasileño afirmó que el Departamento de Estado de EE.UU. «tergiversa» el sentido de las decisiones del Supremo, cuyos «efectos se destinan a asegurar la aplicación, en territorio nacional, de la legislación brasileña pertinente».
«La libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el ordenamiento jurídico brasileño, debe ejercerse en Brasil en consonancia con los demás preceptos legales vigentes, especialmente los de carácter penal», subrayó la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ha mostrado muy crítico con las primeras medidas de Donald Trump como presidente de EE.UU.
Un juez enfrentado con magnates tecnológicos
La controversia tiene su origen en la pulseada que mantiene Alexandre De Moraes, uno de los once jueces que integran el Supremo brasileño, con algunas redes sociales que se han negado a cumplir sus resoluciones para bloquear perfiles de activistas de extrema derecha acusados de difundir masivamente noticias falsas.
Ese fue el caso de X, que De Moraes llegó a suspender durante un mes del año pasado por reiterados desacatos, y ahora el de la plataforma de videos Rumble, que el magistrado ordenó paralizar la semana pasada hasta que pague una serie de multas, nombre a sus representantes legales en el país y elimine los perfiles denunciados.
En paralelo, De Moraes tiene una demanda en Estados Unidos por Rumble y la empresa Trump Media, vinculada al presidente Trump, por supuestamente censurar ilegalmente a activistas de ultraderecha, según el diario The New York Times.
Rumble y Truth Social, la red social creada por Trump, también han pedido una cautelar en la Justicia de EE.UU. que les exima de cumplir los fallos del Supremo brasileño. (EFE)