Nicaragua anunció formalmente ayer su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de que el organismo difundiera un informe en el que denuncia la existencia de una “maquinaria de represión” que sirve al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y llama a tomar acciones al respecto ante la Corte Penal Internacional.

El gobierno sandinista envió una carta dirigida al presidente del Consejo, el embajador Jürk Lauber, en la que “en un acto de decencia elemental, cumpliendo con el sagrado deber de preservar decoro y orgullo”, transmitió la “decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con éste y sus mecanismos satélites” ante lo que describió como “falsedades, calumnias y mentiras” plasmadas en el informe.

El Grupo de Expertos de Naciones Unidas alertó que la dictadura sandinista opera un sistema de inteligencia diseñado para identificar a disidentes, funcionarios y ciudadanos que son considerados una “amenaza”

Miles de civiles encapuchados

Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, tomaron juramento el miércoles a 30.000 civiles encapuchados, quienes integran una nueva “policía voluntaria” creada bajo una reforma constitucional que consolida el control del poder en manos del matrimonio presidencial. 

El acto tuvo lugar en la Plaza de la Fe de la capital, Managua, y se realizó en medio de crecientes preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la naturaleza represiva de este nuevo cuerpo.

Los nuevos “policías voluntarios”, vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, participaron en una ceremonia simbólica en la que se comprometieron a apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Los civiles que ahora integran este cuerpo fueron reclutados de diversas provincias de Nicaragua y se suman a los ya más de 50.000 hombres y mujeres que componen el “cuerpo auxiliar y de apoyo”. Según la administración, esta fuerza está destinada a respaldar a la Policía Nacional en la preservación del orden y la seguridad, aunque la oposición la considera una herramienta para intensificar la represión política en el país.

Murillo, quien también ocupa el cargo de “copresidenta” según la reciente reforma constitucional, calificó a estos nuevos reclutas de “guerrilleros de la paz”, y subrayó la importancia de la creación de este cuerpo en un contexto de lucha por la seguridad. (EFE)