El fiscal de la Nación peruana, Pablo Sánchez, ha abierto una investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada "sin perjuicio de otros" ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones. 

El Ministerio Público ha informado en su cuenta en Twitter de que Castillo ha sido incorporado a la investigación que ordenó Sánchez a principios de mayo contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como 'Los Niños' por la empresaria Karelim López porque obedecían en todo al mandatario. 

Castillo "tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política" que se refiere a la "Excepción a la inmunidad presidencial". 

En concreto especifica que el presidente "sólo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral". 

También la Fiscalía ha abierto una investigación contra la primera dama de Perú, Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo, por haberse negado a declarar el 13 de mayo, en un caso de presunta corrupción. 

Paredes fue citada en calidad de testigo por la denuncia de la empresaria Karelim López de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país. López, investigada por presunta participación en delitos de corrupción, señaló al presidente del país. 

Por su parte, la primera dama, acompañada de su abogado, se acogió a su derecho a no declarar. 

La investigación preliminar por presunto delito contra la administración pública "en la modalidad de negativa a colaborar", según el periódico El Comercio --que ha tenido acceso a la disposición de la Fiscalía--, señala que el plazo de la investigada es de sesenta días naturales. Dicho delito se presenta de acuerdo con el artículo 371 del Código Procesal Penal. 

(Europa Press)