.

Las autoridades de Paraguay confirmaron ayer, lunes, que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada especialmente para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), mató al líder de la organización y a otros dos de sus integrantes, lo que abre incógnitas respecto del futuro de esa estructura, con actuación desde 2008 y responsable de secuestros y atentados.
El presidente Mario Abdo Benítez confirmó el domingo por la noche en conferencia de prensa que uno de los muertos en el operativo en la zona de Cerro Guasú, a unos 300 kilómetros de Asunción, era Osvaldo Villalba, y otro Luciano Argüello, también uno de los jefes del EPP.
En los hechos murieron, además, dos indígenas, supuestamente asesinados por los integrantes del EPP luego abatidos, y quedó herido un tercero.
El ministro del Interior, Federico González, dio hoy más detalles del operativo, consideró que se trató de “un paso muy significativo para el Ejecutivo” e instó a los restantes miembros de la organización a entregarse a la justicia, con la promesa de que tendrán “todas las garantías del debido proceso”.
“Por lo que le ha costado esto a otros gobiernos, lo que se hizo ayer es muy significativo e importante. El objetivo de la FTC es agarrarlos, pero lastimosamente ellos (EPP) no consideran esa posibilidad y lo han demostrado a lo largo de estos años”, resaltó González, según la estatal agencia IPP.

Fue el Sistema de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares de la Policía Nacional el que permitió confirmar que Villalba, de 39 años, cabecilla de la agrupación y a quien se le imputan al menos 60 delitos, y Luciano Argüello Larrea, de 31, resultaron muertos tras el enfrentamiento, detalló el diario La Nación.
"Esta nos es la forma de luchar por unos ideales; nosotros hacemos de nuevo un llamado para que tengamos paz en Paraguay, para que no tengamos hechos de violencia entre paraguayos. Depongan las armas y nosotros les damos todas las garantías por someterse al debido proceso", aseguró Abdo Benítez, que reivindicó el accionar policial-militar.
Villalba ingresó a filas del EPP cuando era menor de edad, reclutado por su hermana Carmen Villalba, condenada a 17 años de cárcel por intento de homicidio tras su fuga de prisión.
Delinquió durante los últimos cinco gobiernos, participó del secuestro y asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusynky (hija del expresidente Raúl Cubas Grau), y también participó activamente en otros secuestros y crímenes en el país.
Argüello, en tanto, pertenecía a la Agrupación Campesina Armada (ACA), una escisión del EPP, pero cuando los demás integrantes de esta fueron exterminados, prefirió refugiarse volviendo al EPP.
El comandante de la FTC, el capitán Óscar Chamorro, dijo que el llamado Operativo Zeus se desarrolló a partir de informaciones de inteligencia sobre la eventual presencia del grupo insurgente en la zona del Cerro Guazú, en el departamento Amambay.
"Llegaron a un complejo habitado por una familia de pueblos originarios, se escucharon detonaciones de armas de fuego y fue clara la intención de que iban a continuar matando gente, no se tuvo otra opción que ejecutar el procedimiento produciéndose un enfrentamiento que dio como resultado a las personas abatidas", explicó.

Se supo luego que ayer alrededor de las 11.30 (misma hora en la Argentina), miembros del EPP asesinaron a dos indígenas e hirieron a otro, aparentemente porque se negaron a una reunión con la organización, e inmediatamente tropas de la FTC intervinieron y abatieron en un enfrentamiento a los dos integrantes del EPP.
Las autoridades dieron cuenta este lunes de otro muerto del EPP, aún no identificado, que sería un indígena de alias Simón. Hay, además, otro indígena herido, Leonardo Gómez Riquelme, de 42 años, en la sala de urgencia del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.
"Tuvimos que intervenir para lo que a todas luces presagiaba una masacre de los que estaban ahí. Tuvimos que intervenir con la complejidad de lo que es el terreno del asentamiento, que está en la falda mismo del cerro, lleno de elevaciones y un lugar relativamente sucio para el campo visual", explicó Chamorro
Como el EPP es una estructura pequeña, de no más de 20 personas, según los especialistas y las autoridades, su futuro está ahora puesto en duda.
“No puedo opinar sobre la reorganización del grupo, pero la pérdida de un líder genera un impacto emocional muy fuerte para cualquier organización y el EPP no sería la excepción. Ojalá que el mensaje del presidente les llegue. Todos necesitamos y queremos vivir en paz, bajo las reglas como tiene que ser”, manifestó el ministro González.
Por su parte, el exministro Rafael Filizzola, titular de Interior bajo la presidencia de Fernando Lugo, evaluó que el de ayer fue "un golpe muy fuerte para la organización criminal" y estimó que hasta podría desaparecer.

"En términos cuantitativos, se percibe una menor capacidad de acción (del EPP), sobre todo en el periodo anterior. Los secuestros, los ataques a estancias se dan en menor cantidad. Creo que es posible que se acabe esta organización; es una cuestión de tiempo", enfatizó el exfuncionario a una radio asunceña.
De la serie de secuestrados por el EPP, los tres que se mantienen con paradero desconocido son el policía Edelio Morínigo, privado de libertad el 5 de julio de 2014 en la estancia Macchi Cué; el ganadero Félix Urbieta, llevado el 12 de octubre de 2016 desde una estancia de Horqueta, departamento de Concepción; y el exvicepresidente Óscar Denis, retenido el 9 de setiembre de 2020, en su estancia también en Concepción.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) reclamó este lunes una investigación "exhaustiva e imparcial" de los hechos del domingo.
"Las familias de cada una de las personas fallecidas deberían poder acceder a la verdad, la justicia y reparación en los casos que correspondan", advierte un comunicado.
La Coordinadora –que agrupa a unas 40 organizaciones de la sociedad civil- responsabilizó al Estado porque la estrategia para enfrentar a grupos armados y grupos del crimen organizado "ha sido ineficaz, costosa, dañina para muchas familias de la zona" y no dio los resultados esperados.
"Hemos venido señalando que la Fuerza de Tarea Conjunta como herramienta para combatir a grupos criminales no es la vía adecuada, pero principalmente sostenemos que se trata de un órgano inconstitucional. Ha implicado el uso de decenas de millones de dólares, y, sin embargo, no ha resuelto la crisis de seguridad", sentenció la Codehupy. (Telam)