Como producto de los acuerdos de Bretton Woods, el FMI constituye un tema  recurrente de debate, no siendo posible soslayar que se trata de una institución con una estructura burocrática en la cual EE.UU. ostenta el mayor poder de voto entre casi 200 países. Con el 16,52%, su caudal resulta definitorio, si se tiene en cuenta que las votaciones del organismo sobre las cuestiones más relevantes, requieren una aprobación mínima del 85%.

Además, en su dimensión política el organismo se ve sistemáticamente permeado por la opinión de Washington, expresada por el gobierno, pero construida desde la base por los intereses de actores diversos, tanto públicos como privados.

La re–vinculación

El gobierno de Macri tuvo como rasgo discursivo permanente el señalamiento crítico hacia los tres períodos anteriores como los de una etapa de aislamiento. Entre los aspectos de la “herencia” declarada por la gestión del gobierno sucesor del de Cristina Fernández de Kirchner, se subrayaba la indisponibilidad del crédito externo.

En torno al FMI, se buscó revertir el distanciamiento generado en 2006 por el retiro de Argentina del grupo de países con apertura a la consulta del Artículo IV.

La última instancia de ese tipo, se había producido durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien en diciembre de 2005 había decidido el pago al organismo, transmitiendo un mensaje de prescindencia del mismo con el objetivo estratégico de obtener “mayor autonomía decisional”.

Más conocidas como misiones técnicas de revisión de metas económicas y financieras, estas instancias representan buena parte de la simbología que alimenta el rechazo de los sectores políticos y sociales detractores del FMI, que apuntan precisamente al Artículo IV como uno de los instrumentos de marcada injerencia externa en los asuntos nacionales.

Por eso, el cambio de signo político al frente del Ejecutivo argentino operado en 2015, se prolongó y se manifestó con la voluntad de una reconfiguración integral de la política exterior, siendo la normalización de la relación con el FMI uno de los objetivos prioritarios, dentro de un conjunto de políticas tendientes a lograr una reinserción en el mundo.

La re–vinculación de Argentina con el organismo multilateral de crédito comenzó a definirse en septiembre de 2016, cuando un equipo técnico del organismo encabezado por Roberto Cardarelli, finalizó justamente la tarea de consulta del mencionado Artículo IV. Tras las reuniones desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires, el comunicado de prensa 16/438 del FMI incluyó como diagnóstico tres puntos centrales: “desequilibrios macroeconómicos generalizados, distorsiones microeconómicas y un marco institucional debilitado”.

El paso inmediato y complementario a la reanudación de las misiones técnicas del FMI en Argentina fue dado el 9 de noviembre de 2016. Ese día, la reunión del Directorio Ejecutivo del organismo, concluyó con el levantamiento de la “Declaración de Censura” que había sido impuesta a Argentina, debido a las objeciones metodológicas sobre las mediciones de variables críticas elaboradas y publicadas por el INDEC durante los períodos que antecedieron al gobierno de Cambiemos.

Tras las modificaciones técnicas encaradas en el seno del organismo estadístico argentino, el FMI resolvió favorablemente hacia el país valorando “un mejoramiento de la calidad de los datos oficiales sobre el IPC declarado”.  

Lluvia de inversiones con pocas gotas

En simultáneo con la re–vinculación con el FMI, fue afianzándose una autopercepción que sobredimensionó el nivel de beneficio esperado como resultado de la “vuelta al mundo”. Eso quedó ejemplificado en el fallido pronóstico de la lluvia de inversiones.

Este argumento discursivo connotaba cierta contradicción, ya que por un lado, el gobierno de Mauricio Macri declamaba la necesidad y las bondades que implican una estrategia internacional des–ideologizada, pero por el otro, la apuesta cayó en un exceso de confianza concentrada en ese rasgo de la política exterior, que implícitamente aventuró que muchas Inversiones Extranjeras Directas elegirían la opción argentina nada más por estar gobernada por  la centroderecha.

La investigadora Anabella Busso abordó esa distorsión desde el juego de la autopercepción, al sostener que “el presidente Macri supuso que con la llegada al poder de un gobierno con fuerte presencia empresarial, ideas económicas neoliberales y apoyo significativo de los grandes medios de comunicación, el país recibiría una gran cantidad de inversiones”.

Esa visión del gobierno argentino derivó en una simplificación de la estrategia para atraer IED, mientras se desatendieron factores domésticos determinantes como el problema inflacionario, el debilitamiento del peso, un encadenamiento de caídas de la producción industrial y la baja de reservas del Banco Central.

Solicitud, negociación y otorgamiento

El 8 de mayo de 2018, a través de un mensaje oficial pronunciado en la Casa Rosada,  Mauricio Macri se refirió a la coyuntura de estancamiento y de gran incertidumbre económica y financiera, y anunció que se había comunicado con la titular del FMI, Christine Lagarde, para comenzar a trabajar en un acuerdo de apoyo financiero.

El mandatario argentino atribuyó la situación del país a “condiciones mundiales complejas” y a un “enorme gasto público” heredado.  El 20 de junio de 2018, el Directorio Ejecutivo del FMI oficializó la aprobación del convenio con Argentina, en el marco de un acuerdo stand by de tres años por 50.000 millones de dólares.

Al dar a conocer el préstamo extraordinario, la Directora Gerente, evaluó que “un cambio reciente en la actitud de los mercados y una funesta confluencia de factores, han sometido la balanza de pagos de Argentina a presiones significativas”.

Una vez hecho público el acuerdo, el gobierno argentino, a través de un comunicado del Ministerio de Hacienda, fundamentó el paso dado por el país, basándose en una combinación de factores externos perjudiciales, con cuestiones domésticas heredadas de gestiones anteriores.

En la misma comunicación, la cartera enumeró los ejes principales del compromiso asumido por el país, entre los cuales merecen mencionarse los de reducir el déficit primario al 1,3% en 2019, el objetivo de equilibrio fiscal primario para 2020, y el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central.

Objeciones a un préstamo récord

Un aspecto a subrayar sobre el acuerdo, es su carácter extraordinario dado por la cuantiosa cifra y por la excepcional dispensa que significó haber traspasado con creces el límite normal de montos impuesto para el otorgamiento de préstamos.

Según lo establecido con la entrada en vigencia de la 14º Revisión de Cuotas de 2016, se tiene como una operación normal, a aquella cuyo destinatario puede acceder a un crédito de hasta el 435% de su nueva cuota. Pero el desembolso total definido para Argentina en 2018, comportó un 1.110% del valor de la cuota del país en el organismo multilateral.

Con el otorgamiento del préstamo, y por la magnitud del mismo, el gobierno esperó recuperar terreno en su intento para mejorar el humor del mercado y la atmósfera social y política de cara al 2019 electoral. Sin embargo, los indicadores en ambas dimensiones marcaron la profundización del clima de preocupación.

La doble transición, Milei y la permanente búsqueda de tiempo en el calendario de vencimientos

El 16 de julio de 2019, a menos de un mes de las elecciones primarias en Argentina, llegó a la administración central una noticia que inyectó una dosis adicional de incertidumbre. Se trataba del anuncio oficializado por el FMI según el cual Christine Lagarde dejaba su cargo de Directora Gerente. Nombrada para suceder a Mario Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo, se despedía del FMI la abogada parisina que quedaría en la historia del organismo como la primera mujer en encabezar la estructura jerárquica de la institución financiera.

El segundo hito de su gestión corresponde por supuesto, al otorgamiento del crédito más cuantioso en la historia del Fondo. Sus expresiones sobre el caso argentino y la correspondencia del gobierno receptor del crédito, siempre dieron cuenta cabal de la buena sintonía.

Mientras Lagarde afirmaba que “esta vez el plan sí va a funcionar porque el dinero no es precautorio y el gobierno lo podrá usar como parte de su presupuesto”, Macri había declarado en Nueva York que esperaba que los argentinos “se enamoren” de Christine Lagarde.

Piropos al margen, y tras la salida de Lagarde, la economista búlgara Kristalina Georgieva asumió formalmente como Directora Gerente del FMI el primero de octubre de 2019. Puede apreciarse de este modo, la simultaneidad de períodos de cambios institucionales, tanto para el organismo, como para el país prestatario del súper desembolso. Incluso, el proceso decisorio que culminaría con la sucesión de Lagarde, coincidía temporalmente con todas las alternativas que marcaron el calendario electoral en la arena política argentina.

Los resultados del escrutinio definitivo confirmaron el pronóstico de un triunfo de la oposición en primera vuelta: Fernández-Fernández 48,24%, Macri-Pichetto 40,28%. El 13 de noviembre de 2019, la asamblea legislativa convalidó los números oficializados por la justicia electoral. Entonces, el ya electo presidente Alberto Fernández anticipaba: “no sé si va a venir el dinero (que resta) del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a Argentina alrededor de 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones de dólares, quedan 11 mil millones de dólares. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones (de dólares) más? Yo quiero dejar de pedir y que me dejen pagar”.

Con esto, el sucesor de Mauricio Macri hacía explícito su diagnóstico respecto de la delicada situación financiera que asumía. Cabe señalar que el INDEC estimaría, a diciembre de 2019, un stock de deuda externa bruta total de Argentina de 277.648 millones de dólares. En medio de ese escenario, el gobierno de Fernández descartó los desembolsos restantes y buscó el apoyo del Congreso para intentar afirmar un programa “sustentable” de pago de la deuda con el organismo.

Hoy, el gobierno de Milei va por la concreción de un acuerdo para un Programa de Facilidades Extendidas, en medio del “viento de frente” internacional y de crecientes tensiones políticas y sociales internas. Revisando la historia reciente, se percibe una apuesta con la cual se acentúa la estrategia de acoplamiento a Estados Unidos y a los lineamientos del FMI. En la arena externa, Argentina vuelve a mostrarse con un posicionamiento similar, al que la convirtiera en el país con mayor deuda de la historia del organismo multilateral.