La violencia institucional en Argentina no es nueva, pero se profundiza. Así lo advirtió con crudeza María del Carmen Verdú, abogada y referente histórica de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). 

En exclusivo por la Nueva Nueve, Verdú alertó sobre el aumento exponencial de casos de represión y tortura a manos de las fuerzas de seguridad desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, "estamos viendo un incremento de todas las formas de acción represiva del Estado contra la población", sostuvo. 

En ese contexto, la abogada destacó que los casos de gatillo fácil, que ella define como "fusilamientos en la vía pública de personas desarmadas", no solo aumentan, sino que se presentan como hechos aislados cuando en realidad responden a una política sistemática y explicó: "Lo que pasa es que cuando ves los titulares en los grandes medios, lo que aparece es ‘delincuente abatido’, ‘motochorro neutralizado’, ‘caco muerto en enfrentamiento’. Pero cuando te metés a ver el caso, la víctima suele ser un pibe de entre 14 y 17 años, desarmado, con un tiro en la nuca o tres tiros por la espalda. Eso no es un enfrentamiento, es una ejecución".

El caso de Lucas González es un ejemplo paradigmático, el 17 de noviembre de 2021, Lucas, futbolista juvenil de Barracas Central, salía de entrenar con tres amigos cuando fueron interceptados por una brigada de civil de la Policía de la Ciudad. Sin identificación y sin dar la voz de alto, los policías abrieron fuego contra el auto donde viajaban. Lucas recibió un disparo en la cabeza y murió al día siguiente. En un primer momento, la versión oficial hablaba de "delincuentes armados" y de un "enfrentamiento". La policía incluso intentó plantar un arma en el vehículo para justificar la represión. "Lucas es la radiografía perfecta del problema: pibe joven, morochito, con pilcha de laburo. Esos son los que el sistema marca como sospechosos. Si encima se instala una doctrina que habilita a disparar sin riesgo real, y se lo refuerza con un discurso oficial que dice ‘no te va a pasar nada’, el resultado es previsible" señaló Verdú.

La referencia a la doctrina Chocobar no es casual. Reinstaurada en diciembre de 2023 mediante la resolución 125/2023 del Ministerio de Seguridad nacional, esta norma permite a las fuerzas de seguridad disparar a personas que huyen, estén desarmadas o representen una amenaza "subjetiva". En esta línea, la abogada advirtió que se trata de "la misma política que bajó Macri en su gobierno y que fue derogada por la gestión de Alberto Fernández. Ahora volvió recargada y fue imitada rápidamente por muchas provincias".

Además, Verdú denunció la existencia de un sistema institucional de protección jurídica a los represores, "cuando a vos o a mí nos acusan de un delito, tenemos que pagar un abogado o acudir a un defensor oficial. Pero si sos policía, prefecto, gendarme o miembro del Servicio Penitenciario, tenes una tercera opción: abogados del propio Ministerio de Seguridad. Esos funcionarios te defienden gratis, incluso en casos de tortura, desapariciones o gatillo fácil". 

En este sentido, consideró que esta posibilidad representa un punto clave: "Porque solo están autorizados a intervenir cuando se trata de actos de servicio. Entonces, si te defienden, es porque para el Estado disparar a un pibe por la espalda es un acto de servicio. No es un exceso, no es un error, no es un caso aislado. Es parte de la política".

El respaldo estatal tiene consecuencias concretas, mientras los familiares de las víctimas deben afrontar gastos judiciales -muchas veces inaccesibles sin el apoyo de organizaciones-, los acusados gozan de cobertura legal total. 

Posteriormente, Verdú abordó el reciente caso del reportero gráfico Pablo Grillo, herido gravemente por un disparo de Gendarmería durante una protesta, "le dispararon un proyectil de gas lacrimógeno directo a la cabeza. No fue un rebote. No fue un accidente, fue intencional y quedo demostrado" remarcó.

Finalmente, relató hechos cotidianos de abuso policial como el ocurrido en Paraná, donde un grupo de oficiales golpeó brutalmente a un joven albañil por una supuesta falta de respeto y aseguró que "todos los días hay casos así. Los más brutales se hacen virales, pero a la mayoría no los vemos. Por eso es tan importante denunciar y acompañar".

CORREPI ofrece en su sitio web (www.correpi.org) un archivo actualizado con todos los casos de represión y muertes en manos del aparato represivo estatal. El informe correspondiente a los primeros 14 meses del gobierno de Milei ya está disponible, "esto no es un problema de manzanas podridas, es un problema estructural. La represión no es la excepción: es la norma y mientras no se desmantele este aparato, vamos a seguir contando pibes asesinados por el Estado". 

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA: