El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha lanzado el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", conocido como el "plan colchón". Esta iniciativa tiene como objetivo formalizar los aproximadamente 270.000 millones de dólares que los ahorristas mantienen fuera del sistema financiero, mediante la eliminación de restricciones y la implementación de medidas que fomenten la confianza en el uso de estos fondos.

El plan contempla dos etapas: la primera consiste en la flexibilización de controles fiscales, permitiendo que los ciudadanos utilicen sus ahorros en dólares sin tener que declarar su origen. Desde el 1 de julio, las transferencias bancarias inferiores a 43.000 dólares y los depósitos a plazo de hasta 85.000 dólares no requerirán justificación de fondos. La segunda etapa implicará el envío de un proyecto de ley al Congreso para garantizar seguridad jurídica a los ahorristas y modificar el sistema penal tributario.

Para implementar el plan, el Gobierno ha iniciado una serie de reuniones virtuales con gobernadores y ministros provinciales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron encuentros con mandatarios de provincias aliadas, como Jujuy, Tucumán, Salta, Neuquén, Misiones, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, San Juan, Santa Cruz, San Luis, Córdoba y Entre Ríos. Durante estas reuniones, se presentaron los detalles del plan y se discutieron aspectos técnicos, sin que se hayan tomado decisiones definitivas .

Sin embargo, no todos los gobernadores han mostrado disposición para apoyar la iniciativa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha expresado críticas al plan, calificándolo como un "blanqueo encubierto", y ha ratificado la continuidad de los controles tributarios en su jurisdicción . Además, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no participó en las reuniones convocadas por el Gobierno nacional, aunque su ministro de Economía asistió en su representación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha establecido que las provincias que deseen adherir al régimen simplificado de Ganancias deberán firmar un convenio de intercambio de información fiscal. Este acuerdo permitirá a las provincias acceder a datos sobre consumos personales y movimientos financieros que superen los umbrales establecidos por el Gobierno nacional, como transferencias y extracciones superiores a 50 millones de pesos. Se ha advertido que las provincias que no adhieran a este régimen perderán acceso a esta información, lo que podría afectar su capacidad de fiscalización y control .

El principal desafío del plan es generar confianza entre los ahorristas, quienes han sido cautelosos debido a experiencias pasadas de blanqueos que no cumplieron con sus expectativas. El Gobierno busca transmitir un mensaje de seguridad jurídica y transparencia, pero la efectividad de estas medidas dependerá de la implementación efectiva y del respaldo político tanto a nivel nacional como provincial.

En síntesis, el éxito del "plan colchón" dependerá de la capacidad del Gobierno para lograr una adhesión amplia y comprometida de las provincias, superar las resistencias políticas y generar la confianza necesaria entre los ahorristas para que reintegren sus fondos al sistema financiero formal.