El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aprieta el acelerador en su política de ajuste para reducir el déficit fiscal y sobrepasar la meta autoimpuesta para este año de 2,7%. El plan de nuevos recortes incluye frenar ingresos al Estado por dos años, eliminación de autos oficiales, reducción de horas extras, comidas y viáticos. 

Dujovne realizó el anuncio junto al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, principal responsable de llevar adelante las medidas anunciadas, que buscan generar un ahorro de $ 20.400 millones al año. El decreto será publicado la semana que viene en el Boletín Oficial.

El ministro a cargo de la coordinación del equipo económico aseguró que las medidas apuntan a "reducir gastos improductivos". Asimismo, Ibarra sostuvo que "esto no tiene que ver con el acuerdo con el FMI". 

El plan de medidas incluye un congelamiento de los ingresos de personal al Estado por dos años, mientras que "los convenios por Asistencias Técnica quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales".

Por otro lado, se resolvió "analizar todo tipo de bonificación/premio vigente para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario"; además de que "los ministerios rendirán el gasto de servicios extraordinarios de 2018 y deberán reducirlos en un 30% para el resto del ejercicio. Estos servicios son horas extra, comidas y viáticos".

Los funcionarios también sufrirán en carne propia el ajuste, al menos en los beneficios que tenían hasta ahora. El plan prohíbe la contratación de viajes en clase ejecutiva a toda persona con rango inferior a ministro o equivalente, desafectación de vehículos oficiales y la suspensión de nuevas adquisiciones hasta que termine la finalización del relevamiento. "Los vehículos oficiales podrán únicamente estar a disposición del traslado de funcionarios con rango superior a secretario", se aclara.

Asimismo, se revisarán las estructuras de entes descentralizados y desconcentrados. "Las modificaciones de las nuevas estructuras implicarán un ahorro presupuestario mayor al 25% en el conjunto de organismos", explicaron en Hacienda. 

También las empresas públicas informarán su planificación en gasto de personal para el año 2019 en un plazo de 90 días y se reducirá en un 15% los fondos destinados a las éstas con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo para 2019.

Ibarra confirmó que el Gobierno profundizará el recorte de empleos en el Sector Público Nacional, dado que no se renovarán contratos y no se cubrirán vacantes por jubilaciones o retiros voluntarios. 

Según los planes de "optimización de dotaciones" que Ibarra había anunciado el año pasado, se prevé un recorte de empleos públicos del 3% para 2018 y del 3% para 2019, que se sumarán al 3% recortado entre 2016 y 2017. 

Esos porcentajes indican que la gestión de Mauricio Macri avanzará con el recorte de unos 30.300 empleos públicos entre este mes y fines de 2019 a través de diversas modalidades de desvinculación de trabajadores. 

"Nosotros trabajamos bajo un concepto que es el análisis riguroso de las dotaciones de cada área. Hemos incorporado una modalidad de retiros voluntarios y por supuesto en este marco de no ingreso esperamos que muchos ahorros se vayan generando desde los retiros voluntarios, desde las jubilaciones y las bajas vegetativas que tiene el Estado", dijo Ibarra. 

En ese sentido, agregó: "Y por supuesto que en algunas situaciones en las que un organismo, un ministerio o un área en particular deba generar mecanismo de no renovación de algún contrato eso es parte de la dinámica normal de cualquier organización".

Cuando Macri asumió la presidencia del país en diciembre de 2015 había 778.798 trabajadores en el Sector Público Nacional; ahora, tras treinta meses de gestión, existen 739.000 empleados públicos, un 5,38% menos. 

Esos números dan cuenta de que en lo que va de la gestión cambiemos hubo un recorte de 39.798 empleos públicos en el Estado nacional. 

El objetivo de la administración Cambiemos, según había precisado Ibarra en diciembre pasado, es completar una baja del 9% en la planta total de empleados públicos nacionales antes de julio de 2019, en comparación con fines de 2015.