La comisión de Acuerdos de la Legislatura facultó a su presidente para que apele el amparo que obtuvo el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, que ordenó “dejar sin efecto y archivar” el proceso para suspenderlo por 180 días de su cargo judicial del Organismo de Investigaciones, informaron fuentes legislativas.

La comisión, constituida por diputados y senadores, se reunió en la tarde del jueves en la Legislatura santafesina y, tras analizar el amparo judicial que obtuvo había obtenido Sain, decidió facultar a su presidente, Fabián Bastía, para que interponga una apelación.

El amparo había sido solicitado la semana anterior por el propio Sain, a quien los legisladores pretendían suspender de su cargo como director del Organismo de Investigaciones por 180 días, con la reducción del 50% de su salario.

La comisión de Acuerdos debía tratar este jueves la suspensión y designar a un acusador para que llevara adelante el proceso al exministro, que podría desembocar en su remoción.

Los cargos contra Sain, formulados por un fiscal regional y 27 diputados de la oposición luego de su renuncia a Seguridad, son cuatro: hacinamiento de presos en las comisarías; presuntas irregularidades en una licitación de armas; dichos “infamantes y difamatorios” e investigaciones penales preparatorias en su contra.

En el planteo de amparo, el exministro de Seguridad del gobierno de Perotti señaló que las denuncias en su contra se referían a su función como ministro del Poder Ejecutivo, mientras que la sanción que pretende la comisión de Acuerdos recae sobre su cargo obtenido por concurso en 2018 en el OI, que depende del Ministerio Público de la Acusación.

Por esos mismos hechos la Legislatura inició un juicio político al funcionario, pero fue archivado porque tras su renuncia en marzo pasado porque “devino abstracto”.

El amparo fue concedido por la juez laboral de Rosario, Paula Calace Vigo, quien ordenó a la comisión de Acuerdos “dejar sin efecto y archivar” el proceso contra el exministro.

La jueza señaló en su resolución que al correr vista al Fiscal de Estado de la provincia, que era la demandada, el funcionario planteó que “el procedimiento disciplinario iniciado (…) afecta derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y que el juzgamiento disciplinario a un funcionario público por hechos cometidos en el ejercicio de una función política, y en uso de licencia en el organismo de origen, afectan derechos subjetivos”.

Para eso, se basó en un decreto firmado por el gobernador, Omar Perotti, que lo instruyó en ese sentido.

Ayer en diálogo con Primera Mañana, uno de los abogados patrocinantes de Sain, Hernán Augusto Martínez, manifestó que no había "posibilidad de apelación" ya que "la legitimidad procesal la tiene el Ejecutivo, que al allanarse (al amparo) cierra esa posibilidad". Sin embargo, el presidente de la Comisión de Acuerdos quedó en el encuentro de ayer facultado con esa posibilidad.

Testimonios


Leonela Catalini, diputada del Partido Socialista, expresó luego de la reunión: "Empoderamos a Bastía para que recurra el fallo de la doctora Calace Vigo. Entendemos que esto es de una gravedad institucional nunca vista en la provincia, donde una jueza decide fallar en virtud de que la provincia se allana a esta causa. Es decir que el Gobernador a partir de un decreto secreto decide darle instrucciones a sus propios funcionarios para que incumplan la ley".

Por su parte, el radical que preside la Comisión, Fabián Bastía, siguió en esta línea. "Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo. Pero mucho más sorprendente e inédito el allanamiento formulado por el Fiscal de Estado, por instrucción del Gobernador vía decreto que los santafesinos no conocen. Dar un fallo ordenando archivar a la Comisión de Acuerdo. Es insólito desde el punto de vista institucional y vamos a usar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance. No reconocemos la competencia de la jueza Calace Vigo ni el alcance de ese fallo", espetó.

Por último, el jefe de la bancada justicialista en la Cámara baja, Leandro Busatto, manifestó: "Se ha configurado un escenario de gravedad institucional en virtud de que la Legislatura está desconociendo una sentencia judicial que ordena que este procedimiento a todas luces ilegal e inconstitucional de persecución política tiene que cesar. Estamos cuestionando el procedimiento, ni si quiera el fondo de la cuestión. Entendemos que la Comisión de Acuerdo es incompetente para llevar adelante un proceso de remoción de un funcionario al que están juzgando por su desempeño en otra función".

El repaso de los audios en Primera Mañana